Café para todos

Está más que claro que después de la tormenta natural, llega la tormenta política. Por ello el gobierno federal ha empezado ya a difundir por todos los medios posibles todo lo que ellos hicieron para alertar a los gobiernos estatales y municipales sobre los efectos negativos que traerían consigo los fenómenos meteorológicos que se avecinaban, solo días antes del histórico día 15 de Septiembre, fecha emblemática para todos los mexicanos, pues es cuando conmemoramos con bombo y platillo el inicio de la guerra de independencia nacional.

Conocemos ahora los estragos que estos fenómenos tropicales: Manuel e Ingrid, causaron a su paso por los estados del país que tocaron y la forma como el gobierno federal junto con los estatales y municipales enfrentaron los estragos causados y que todavía están ahí presentes, como si la tormenta hubiese sucedido solamente unos días antes y no como sucedió, dos semanas atrás.

Pero cuando en Guerrero los daños se han cuantificado en miles de millones de pesos y los daños de los pueblos son todavía incuantificables, lo sucedido con los muertos todavía no se terminan de contar pues existen decenas de desaparecidos.

Pero ya se ha elevado la voz de la sociedad civil para demandar que se castigue a los que resulten responsables de esta tragedia la cual fue, en gran parte, resultado de la forma como los gobernantes manejaron a su antojo los planes de desarrollo urbano, no los respetaron, los violaron en forma flagrante y sin el más mínimo escrúpulo recibieron por ello los beneficios económicos de los también voraces e irresponsables desarrolladores de viviendas, centros comerciales y hospederías. Lo mas grave de todo es que a dos semanas de lo sucedido  los desarrolladores urbanos, particularmente de la zona Diamante,  no han dado la cara para aceptar su responsabilidad frente a las víctimas y quienes de buena fe compraron viviendas y terrenos en esas zonas inundables.

Ya la dirección nacional de protección civil ha dicho que se avisó a todos los gobiernos estatales y municipales sobre la peligrosidad de los meteoros y que se tiene registro puntual de cuales gobiernos hicieron algo al respecto y con ello salvaron vidas humanas y evitaron un mayor efecto destructor.

Pero también han declarado los funcionarios federales, entre ellos el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, que no se solapará a ningún gobernante que no haya tomado cartas en el asunto de manera inmediata.

Tal parece que muchos de estos gobernantes despachan en el estado de Guerrero, tanto en palacio estatal, como en varios ayuntamientos.

Muchos tratan  ya de lavarse las manos pero pocos podrán salir bien librados si es que las sanciones se imponen sin miramientos y sin contaminación política.

En el caso de las investigaciones que el presidente, Enrique Peña Nieto, ordenó realizar para determinar fielmente quienes son los responsables de que se construyeran casas a la vera de ríos y sobre humedales, las cuales fueran arrasadas y con ellas sus habitantes quienes hoy no solo han perdido propiedades sino también todo lo que tenían dentro y algunos hasta han sufrido la o las pérdidas de seres queridos.

En una forma de oportunismo político el gobierno estatal, en voz del gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, ha declarado su adhesión a lo ordenado por el presidente Peña Nieto, esto es, que se lleven a cabo las investigaciones reclamadas, aunque como todos saben,  parte de los daños causados por el reciente meteoro se deben no solo a administraciones pasadas sino también a la actual, donde están involucrados servidores públicos del gabinete aguirrista y de otros de rango municipales incluido el de Acapulco.

Para conocer a los culpables directos de esta inmunda corrupción política y oficial, bastaría revisar los medios de comunicación impresos de los últimos 15 años y sabremos quienes fueron las autoridades que dieron los permisos para construir en zonas de alto riesgo, con serias afectaciones a las zonas de humedales sino también los daños irreversibles a varios ecosistemas de la parte baja de lo que se conoce como laguna negra de Puerto Marquez y que desemboca a la playa del Revolcadero en Playa Diamante.

Todo lo que se vió inundado en la zona no fue otra cosa mas que producto de la voracidad de las autoridades y desarrolladores inmobiliarios por hacerse de esos terrenos y construir sobre ellos sin importarles futuras consecuencias tal y como sucedió hace unos días.

Habrá que recordarles que en esta zona baja de Acapulco se unen el rio de la Sabana, la laguna de Tres Palos, la laguna de Puerto Marquez y un sinnúmero de arroyos que con la creciente de estos afluentes provocaron la destrucción de todo lo que encontraron a su paso.

Ojalá y la puesta en marcha de la investigación del gobierno federal no vaya a ser tan solo una maniobra de tipo político y transitoria y no se vayan a determinar y consignar a los culpables de estos daños materiales y humanos y menos se les vaya a castigar por la vía penal pues de suceder esto, el gobierno federal y particularmente el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quedará en serio cuestionamiento ante el pueblo guerrerense y en particular el del municipio de Acapulco donde mayores daños causó el fenómeno Manuel.

Veamos que pasa, estemos atentos y denunicemos lo que no se haga para hacer justicia a las víctimas de estos fenómenos meterológicos.

El colegio de arquitectos y de ingenieros del estado de Guerrero tienen mucho que aportar en este tema pues saben bien quienes son los directamente responsables de las violaciones  al plan de desarrollo urbano de la zona Diamante y tienen claramente identificadas las fechas y en que años se realizaron los cambios que no debieron haberse realizado nunca.