Café para Todos/Alberto Carbot

La semana pasada fue detenido el perredista Erick Ulises Ramírez Crespo, presidente municipal de Cocula, Guerrero, cuando se hallaba reunido con Zenén Casarrubias Salgado, el jefe de la banda criminal “Guerreros Unidos”, involucrada en la desaparición de 43 normalistas hace más de un año.

El arresto confirmó la relación que existe entre esta organización -que se disputa el control del tráfico de drogas en el estado de Morelos y Guerrero con la banda de “Los Rojos”-, y las autoridades municipales de la región.

Ahora quedan pocas dudas de los lazos orgánicos que hay entre el crimen organizado y algunas formaciones políticas, en este caso el PRD, aunque seguramente también hay exponentes de otras organizaciones involucradas con las bandas de delincuentes que operan en el país.

Actualmente, se encuentra en prisión el alcalde de Iguala -vecina a Cocula-, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, acusados de vínculos con “Guerreros Unidos” y de ordenar el arresto de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, y su entrega a la organización.

“Los Rojos” y “Guerreros Unidos” surgieron de la fragmentación del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, al que pertenecieron también familiares de Pineda Villa, que planeaba postularse para el cargo que ejercía su marido.

Fuerzas Especiales del Ejército capturaron a Ramírez mientras bebía tranquilamente con Casarrubias Salgado y otros presuntos integrantes de “Guerreros Unidos”, en el municipio Emiliano Zapata en Morelos.

Entre el alcalde ahora arraigado por 40 días y Abarca existen vasos comunicantes. Se dice que forma parte del mismo grupo político de Lázaro Mazón Alonso, ex secretario de Salud del gobierno de Guerrero, quien también es oriundo de Cocula.

Médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guerrero, durante la gestión del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, fue coordinador regional de Salud Reproductiva, Materna y Perinatal de la Jurisdicción Sanitaria 02 Norte, de la Secretaría de Salud.

Con 10 años de militancia en el sol azteca, el alcalde encarcelado pertenece a la corriente Democracia Social, aunque es hijo de un priista que también fue presidente municipal de la misma localidad.

Con una población de un poco menos de 15 mil habitantes, Cocula se ubica en la zona centro norte de Guerrero, y limita con Iguala, Teloloapan, Eduardo Neri y Cuetzala del Progreso.

Se ignora por qué razón la banda de “Guerreros Unidos” eligió trasladar a los 43 estudiantes la noche del 26 de septiembre del año pasado a ese lugar, luego de que fueran entregados por los policías municipales de Iguala a los de Cocula y por qué razón los asesinaron, quemaron sus restos en el basurero municipal y arrojaron sus cenizas al río San Juan.

Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dudan que hayan sido quemados ahí, pero no han aportado pruebas convincentes de su afirmación, y de hecho hay expertos que consideran perfectamente plausible los testimonios en el sentido de que sí fueron incinerados en ese basurero.

Al final, quizá lo más importante son los móviles, que todavía no quedan claros, y los responsables, que ya están en prisión, aunque quizá falten algunos más y en eso los especialistas de la CIDH todavía no han aportado más que especulaciones.

Pero volviendo al tema que hoy nos ocupa, la pregunta que surge de inmediato es ¿qué estaba haciendo el alcalde de Cocula con Adán Zenén Casarrubias Salgado, alias “El Tomate” o “El Barbas” y otras cinco personas que fueron detenidas con ellos en un restaurante de mariscos de Emiliano Zapata, cerca de Cuernavaca?

Quizá lo más seguro es que le estaban leyendo la cartilla sobre los compromisos que tenía con la organización, después de que ésta probablemente haya financiado parte de su campaña, según algunas especulaciones. Adán Zenén es hermano de Mario y Sidronio Casarrubias, quienes dirigían “Guerreros Unidos” antes de ser encarcelados. Ambos son procesados por su responsabilidad en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

¿QUIÉN PAGA LOS AUTOBUSES Y LAS MARCHAS EN APOYO A RAMÍREZ CRESPO EN EL DF?

El PRD se ha visto en aprietos luego de la detención del alcalde “incómodo” pero habría que preguntarse quien organizó una marcha de apoyo a Ramírez Crespo en la que participaron unas 80 personas en la capital mexicana, cerca de la PGR, el pasado fin de semana.

Resulta que  los manifestantes llegaron en autobuses a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) donde estuvieron alrededor de 2 horas, en la mañana, y caminaron por un carril hasta el Ángel de la Independencia.

Se dice que entre los participantes en este mitin había familiares del edil perredista y vecinos del municipio. Los manifestantes portaban cartulinas en las que aseguraban que Ramírez es inocente y exigían su liberación.

Entre los detenidos figura un hombre que se identificó como Eloy Flores Cantú, quien dijo ser asesor del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, pero la bancada del PRD en San Lázaro negó cualquier relación con este sujeto.

“No vamos a meter las manos al fuego por nadie y pedimos que se investigue, se castigue y si tiene alguna responsabilidad que se le aplique todo el peso de la ley”, afirmó el presidente del PRD en Guerrero, Cesáreo Guzmán.

Por su parte, Carlos Navarrete declaró que el partido “no puede sentenciar ni absolver a nadie” y tampoco meterá las manos al fuego por ninguna persona, ya que “cualquiera puede ser tentado o amenazado” por la delincuencia organizada.

Al fijar la postura de su partido, Navarrete aseguró que cuando Ramírez Crespo fue postulado ni la PGR ni el PRD contaron con datos que lo vincularan con el crimen organizado o que impidieran su postulación. “Lo que pasó después de que tomó posesión es otra historia”, respondió a los medios.

Ramírez Crespo, tenía 29 días en el cargo cuando fue detenido por elementos de la Policía Federal y del Ejército Mexicano, y  había ganado las elecciones para el periodo 2015-2018.

Hipócritamente, la organización afirma que antes de registrar a sus candidatos a alcaldes y diputados en Guerrero para las elecciones de junio pasado, se entregó la lista a la PGR para que se investigara si tenían nexos con el crimen.

Sin embargo, la Procuraduría señala que no es su función investigar los antecedentes de candidatos a un cargo electivo y por supuesto que antes de postular a un aspirante a alcalde o a diputado y hasta al más modesto regidor de la más apartada localidad, los partidos deben estar bien enterados de sus antecedentes.

No obstante, ahora el PRD se quiere lavar las manos sobre un tema que ha minado severamente su credibilidad y amenaza con empeorar la crisis de desprestigio que golpea a esta organización.

La pregunta que gravita en el ambiente político es ¿cuántos Abarcas o Ramírez más habrá por ahí, gobernando tranquilamente en algún municipio dominado por las bandas criminales? Los partidos están obligados a colaborar para desenmascarar a los alcaldes o legisladores y aún gobernadores que están relacionados con el bajo mundo.

GRANOS DE CAFÉ

… La inminente detención de líderes de la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE) y de normalistas de Michoacán, anunciada por el gobernador de esa entidad, Silvano Aureoles, deja claro que el gobierno federal, y los estatales de Oaxaca y Michoacán, no cederán más al chantaje de la sección 22 y a los amagos contra todo tipo de instituciones, ya que por primera vez en 3 años se aplicará la justicia a estos delincuentes disfrazados de profesores.

La prueba de que ahora sí se actuará contra quienes embozados y en el anonimato de la turba han destruido oficinas del INE, la SEP,  Pemex, CFE y de partidos políticos -además de los palacios legislativos de diversos estados de la República-, es la detención de 4 de los dirigentes de la sección 22 que ya están presos en el penal federal del Altiplano (antes Almoloya), donde les esperan hasta 40 años de prisión por delitos federales y del fuero común cometidos en Oaxaca, Michoacán y Chiapas, donde tienen su coto de poder.

De nada ha servido, ni servirá, la amenaza de los seudo dirigentes magisteriales que se creen más poderosos que el Estado mexicano, y que han convocado a un paro nacional además de una marcha hasta el penal del Altiplano en demanda de que los 4 presos sean liberados.

Gran sorpresa se llevarán estos chantajistas, cuando encuentren que a su convocatoria nacional no se sumen los profesores que siempre han vivido bajo la amenaza del despido sindical, ya que, de hacerlo, enfrentarán el despido oficial o, cuando menos, el descuento del salario por faltar a clases, como ya ocurrió.

Los detenidos en el Penal del Altiplano son Carlos Orozco Matus,  Efraín Picaso Pérez,  Othón Nazariega Segura y Roberto Abel Jiménez García, a quienes se les acusa de robo agravado, daño en propiedad ajena, robo de libros de texto, saqueo de instituciones y hasta daños a instalaciones de la Octava Región Militar en la ciudad de Oaxaca.

Nada ha podido, y confiamos en que nada pueda hacer el corrupto líder de la sección 22 de la CNTE,  Rubén Núñez, quien -desde que se confirmó la detención de sus secuaces  y el desalojo del plantón que mantenían frente al IEPO-, amenazó con más desmanes y con su demagógica perorata advirtió: “si tocan a uno, nos tocan a todos”.

Parece que no entiende que su feudo se desmorona y que, aunque tarde, el gobernador Gabino Cué -porque ya no le quedaba de otra-, por fin asumió su responsabilidad frente a los oaxaqueños, como ahora deben hacerlo otros mandatarios de estados igualmente sometidos a la corrupción y chantaje de la CNTE.

Por lo pronto el anuncio del gobernador michoacano Silvano Aureoles, respecto a que tiene conocimiento de que hay numerosas denuncias en contra de representantes sindicales de la entidad y que podrían ser detenidos -como ocurrió en días pasados en Oaxaca, con dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)-,  es una prueba de que tampoco permitirá que esta sección magisterial gobierne la entidad.

“Hasta donde sé,  hay bastantes (denuncias), porque es el mismo caso de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán; ya empezaron en Oaxaca con las detenciones y entiendo que van por lo menos por otros 30 líderes más”, reveló Aureoles.

Manifestó que en Michoacán se desconoce el número exacto de órdenes de aprehensión que se girarían, pero agregó que sí le consta que hay ya procesos integrados, listos para hacerlos efectivos…Sus comentarios envíelos al correo  [email protected]