Café para Todos/Alberto Carbot

El informe final del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio la impresión de contradecir toda la indagatoria realizada por la Procuraduría General de la República (PGR). Incluso ésta ha sido aprovechada por los simpatizantes del movimiento de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa para demandar juicio político contra Jesús Murillo Karam.

Todo ello es el resultado de un mal manejo del caso, tanto por parte de la propia prensa -que suele incurrir en interpretaciones sensacionalistas y a veces hasta intencionalmente sesgadas-, como del propio gobierno, lo cual genera un ambiente de caos y confusión.

El reporte de los especialistas coincide en esencia con la principal aportación de Murillo Karam, quien esclareció en gran medida el caso al establecer que fueron miembros de la banda criminal “Guerreros Unidos” los que asesinaron a los estudiantes, a pesar de lo cual se le pretende desacreditar y promover un juicio político en su contra.

Aunque los expertos se cuidan de decir que no pueden prejuzgar si están vivos o muertos, no contradicen que cayeron en manos de esta organización y que bien podrían haber sido asesinados y luego cremados.

Lo que no está todavía claro es el móvil, porque existen varias hipótesis, una de las cuales es que había un cargamento de droga en un “quinto autobús”; o que los normalistas estaban infiltrados por “Los Rojos”, rivales de “Guerreros Unidos”. Otra teoría es que los estudiantes  trataban de descarrilar el informe de María de los Ángeles Pineda, esposa  del alcalde perredista José Luis Abarca, ambos hoy en prisión.

El informe de la CIDH pidió que se reactive la teoría del “quinto autobús”, bajo el supuesto de que los policías de Iguala hicieron hasta lo imposible por frenar el avance de los estudiantes para poder recuperar la droga que iba en uno de ellos, sin que los normalistas lo supieran, pues supuestamente ellos se apoderaron de las unidades para poder ir a Iguala  a “botear” para financiar su viaje a la capital del país, a fin de participar en las protestas por el 2 de octubre.

De ser cierta esta versión, surge la duda de porqué eligieron Iguala, que dista más de 100 kilómetros de la Normal de Ayotzinapa, y no Chilpancingo que está a menos de 20.

Los miembros de la CIDH explicaron en el reporte divulgado el domingo que los estudiantes se apoderaron de 3 autobuses en la terminal de Iguala y de un cuarto vehículo fuera de esa instalación, al que la Policía Municipal disparó, provocando la muerte de 6 personas.

La existencia del quinto autobús fue supuestamente borrada del expediente del caso, bajo el argumento de que había sido destruido por estudiantes, aunque sin evidencia de ello y que los expertos de la CIDH descubrieron en su indagación iniciada en marzo pasado.

Los especialistas recordaron que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, (DEA), ha entablado juicios en Chicago, por el incesante tráfico de droga entre Iguala y esta ciudad, a través de compartimientos ocultos en autobuses.

“El grupo piensa que se debe analizar si ésta es una hipótesis viable y que va al fondo de la cuestión sobre este quinto autobús y la posible motivación del ataque a los normalistas.  Los objetivos de éste apuntan a que estuvo dirigido a no dejar salir los autobuses de Iguala”, afirmó el español Carlos Beristain, integrante del grupo de expertos.

Sobre este autobús, el Fiscal General del Estado de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, señaló que su dependencia envió un expediente a la PGR, que contenía la información sobre ese quinto camión de la empresa Estrella Roja, que según el 26 de septiembre del 2014, cuando ocurrieron los hechos violentos en Iguala, tomaron los normalistas de Ayotzinapa, sin saber que era utilizado por un grupo delincuencial para transportar droga, armas o dinero en efectivo.

Funcionarios de México y Estados Unidos, citados hace 2 semanas por el diario The New York Times, señalan que la producción de opio en este país, la materia prima de la heroína -cuyo consumo registra un “boom” entre los norteamericanos-, aumentó un 50 por ciento en 2014 y que Guerrero desplazó a Afganistán como el principal productor de esta droga.

El columnista Salvador García Soto, del diario El Universal, ya había anticipado en noviembre pasado, que uno de los autobuses llevaba 35 kilos de goma de opio y se dirigía hacia Reynosa, Tamaulipas, frontera con Texas, lo que explicaría la desesperación de los delincuentes por recuperar el cargamento.

Las diferencias entre el gobierno y los expertos de la CIDH, como se ve, son sólo circunstanciales. Sin embargo, la forma en que los medios han manejado la información, hace pensar que hay diferencias abismales y que la misión de  los expertos ha puesto en ridículo al hoy ex procurador Jesús Murillo Karam.

Como se sabe, la PGR afirma que los estudiantes fueron entregados la misma noche del 26 de septiembre del 2014 por los agentes municipales a la banda criminal “Guerreros Unidos”, que los llevó a la vecina localidad de Cocula, donde los asesinó, los quemó en un basurero y arrojó sus restos a un río.

Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), defendió la hipótesis de la incineración y dijo que ésta surge de declaraciones de testigos y recreaciones, y destacó que los peritajes “contundentes” fueron realizados por más de 100 investigadores -incluidos expertos del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)-, así como analistas de incendios del Instituto Mexicano del Petróleo.

Cabe señalar que la Procuraduría General de la República (PGR) defendió los resultados de sus investigaciones sobre el caso Iguala, que concluyeron que los normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero.

Aunque la fiscalía sostiene la tesis de la incineración, la procuradora Arely Gómez señaló que habrá un nuevo peritaje, acatando la instrucción del presidente Enrique Peña, de considerar los elementos aportados por los especialistas.

Los expertos de la CIDH, por su parte, manifestaron en su informe que es científicamente imposible que los cuerpos hayan sido incinerados en ese lugar porque se requerían grandes cantidades de neumáticos y combustible para hacerlo y hubieran generado una gran humareda y un incendio en la zona, lo que no fue advertido por los pobladores locales.

Esta conclusión fue difundida principalmente por el peruano José Torero, quien omitió agregar que sus “estudios” se resumieron a una visita de unas horas en el lugar de los hechos -Cocula-, por lo que resulta difícil considerar la veracidad de sus palabras.

Sobre este último punto, este columnista desea aclarar que en el basurero de Cocula es común quemar los desperdicios de las comunidades cercanas, -Iguala entre ellas-, por lo que entre los pobladores no es extraño ver durante el día, grandes columnas de humo -perceptibles a simple vista-, así como por las noches el destello producido por esta enorme hoguera a cielo abierto, que posee un insondable precipicio.

Por otro lado, habría también que anotar que esta zona del estado está dominada por el crimen organizado que mantiene atemorizados a los habitantes, por lo que es muy improbable que éstos levanten alguna denuncia a pesar de que pudieran ser testigos de algún hecho que involucre a los cárteles dominantes.

Y como desafortunadamente ocurre en gran parte del país, el crimen organizado ha permeado todos los niveles y la corrupción que eso genera, ha permitido la impunidad con que éste opera.

De lo que no queda duda alguna, es que en los lamentables hechos ocurridos el pasado septiembre en Iguala, Guerrero, los alumnos de la Normal de Ayotzinapa fueron víctimas y este caso debe esclarecerse y castigar a los responsables; eso no está a discusión.

Sin embargo, hay que decir también, que quienes allí “estudian” distan mucho del perfil que antiguamente tuvieron los aspirantes a maestros en Ayotzinapa durante los años 70 y 80, cuando la vocación de servicio se anteponía al desmadre, los robos, el consumo de estupefacientes y las tropelías de todo tipo, que son hoy el pan de cada día entre esa comunidad.

Antiguos egresados de la Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, recuerdan que originalmente fue una institución reconocida, con una disciplina férrea, y los estudiantes internados en ella lo hacían bajo un régimen estricto, que no permitía las salidas y atropellos que ahora son comunes en el alumnado. Sus egresados estaban comprometidos con su vocación de maestros para llevar la educación a los rincones más marginados.

Hoy esa situación ha cambiado radicalmente y en sus campos se pueden ver numerosos autobuses que han sido secuestrados y mantienen cautivos en sus instalaciones. Esto no es ninguna falsedad, cualquier persona puede constatar este hecho lamentable e incluso algunos se aventuran a afirmar que en las instalaciones se consume y custodia cargamentos de drogas y muchos alumnos se han integrado a la delincuencia organizada, sirviéndoles a los cárteles como correos o sicarios.

AYOTZINAPA, UN BOTÍN POLÍTICO

La desaparición de los 43 normalistas ha sido tomada como pretexto de actores ajenos, quienes han hecho de suceso un botín político en el que los padres de los normalistas han sido manipulados sin consideración. Eso también debe ser castigado.

¿Dónde está la contradicción abismal entre la investigación de la CIDH y el gobierno? Seguramente que ésta sólo se halla en la fantasía de algunos “sesudos” analistas antigubernamentales y en la mente de quienes sólo alientan la beligerancia de los padres de los desaparecidos.

Ayotzinapa tiene mucho de similitud con el caso Narvarte, donde fueron brutalmente asesinadas 5 personas, el pasado 31 de julio, en un departamento de la capital mexicana. Allí se lamentó la muerte de 4 mujeres y un supuesto “periodista”, que en realidad era más bien un joven militante que gustaba disfrutar de los placeres del Distrito Federal y se decía perseguido por el gobierno de Veracruz, sólo para justificar su falta de un empleo fijo y dejar deudas a su paso por ese estado.

La prensa -algunos grupos defensores de los derechos humanos y de periodistas-, y entidades humanitarias internacionales, equivocadamente han hecho parecer  el caso como un ejemplo escandaloso de la escalada de abusos contra los informadores mexicanos.

Incluso, se aprestaron a culpar al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, del hecho y de ser la mente maquiavélica que ordenó el asesinato del “periodista incómodo”, Rubén Espinosa, quien aunque había trabajado como “free lance” para Proceso y Cuartoscuro, en realidad no era un reportero de planta, sino un fotógrafo que vendía ocasionalmente algunas de sus tomas.

También se especuló que Nadia Vera -una joven chiapaneca que había emigrado a Xalapa y que se ostentaba como activista contra el gobierno veracruzano e incluso había grabado un video denunciando que cualquier cosa que le ocurriera debía atribuirse al mandatario-, también fue asesinada por órdenes de Duarte.

Lo cierto es que la versión del gobierno del Distrito Federal sobre la presunta responsabilidad del mandatario veracruzano no se sostuvo en ningún momento, como tampoco la de que los asesinatos ocurrieron en una “fiesta que se salió de control”  o de que la casa donde ocurrió la masacre era un “prostíbulo”. En su afán de esclarecer rápidamente el caso, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal cambió de líneas de investigación como si estuviera barajando naipes.

Finalmente, parece que la hipótesis más lógica de este multihomicidio es que fue dirigido inicialmente contra la joven colombiana Mile Virginia Martin, de 31 años-, quien tenía oculto un cargamento de cocaína que supuestamente les pertenecía a los Zetas y el resto de los asesinados fueron víctimas “circunstanciales”

Desafortunadamente los casos Ayotzinapa-Narvarte comparten un punto en común, en el sentido de que si desde que ocurrieron los hechos se hubiese realizado una investigación policiaca seria y profesional -y no mediática-, con base en conjeturas y sólidos análisis científicos, esta feria de hipótesis descabelladas y absurdas, nunca se hubiese presentado, y la credibilidad en las instituciones no estuviese por los suelos, como ciertamente se encuentra hoy. Qué desánimo nacional.

GRANOS DE CAFÉ

… Los recientes movimientos en el gabinete del Presidente Peña Nieto empiezan a generar cambios en diversas dependencias como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, donde Ramón Sosamontes fue designado Jefe de la oficina de la secretaria.

Con este nombramiento, Sosamontes -hombre de todas las confianzas de la titular Rosario Robles Berlanga-, será prácticamente el segundo de a bordo en la dependencia.

Otros nombramientos dados a conocer en la SEDATU son los de Enrique González Tiburcio, como subsecretario de Asuntos Territoriales; Juan Carlos Lastiri, titular de la Subsecretaría de Vivienda; Marcos Ibarra en la Coordinación de Delegaciones; Armando Saldaña;  director General de Riesgos, Evangelina Villalpando, abogada general y Omar Garfias como coordinador de asesores…

…El presidente de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, prepara para rendir su tercer y último informe de gobierno, en el cual hará un balance detallado de las acciones emprendidas durante su trienio para solventar los graves problemas que heredó de la terrible administración que encabezó Seth Yassir Vázquez Hernández, quien prácticamente dejó a la capital chiapaneca en la quiebra y sumida en el caos total.

El próximo día 19, dará puntual respuesta de lo alcanzado y los retos a futuro, en una ceremonia solemne en la que se tiene prevista la asistencia  del gobernador Manuel Velasco Coello.

De lo que Samuel Toledo puede vanagloriarse desde este momento, es que seguramente dejará recursos en las arcas municipales, para que Fernando Castellanos Cal y Mayor – quien lo relevará en el cargo-, tenga oportunidad de iniciar una administración sin sobresaltos, a diferencia de las anteriores, que ya habían hecho costumbre en Chiapas dejar las arcas vacías y un municipio mega endeudado. El actual mandatario municipal redujo los pasivos y la deuda contraída y puso orden en áreas vitales de la administración municipal, aunque reconoce que aún quedaron muchos proyectos pendientes que por razones políticas y financieras no pudieron concretarse.

Seguramente Samuel Toledo será incorporado a nuevas tareas en el ámbito gubernamental y muchos analistas no descartan que Velasco Coello lo incorpore próximamente a su gabinete, que requiere de políticos y administradores experimentados …Sus comentarios envíelos al correo  [email protected]