Café para Todos/Alberto Carbot

Un antiguo periódico argentino del cual sólo queda ahora el recuerdo acompañaba su título con la ingeniosa frase “el diario para la inmensa minoría”.

Sin duda, era una inteligente manera de hacer ver que era una publicación selecta dirigida a un pequeño pero inteligente grupo de personas, intelectuales, artistas, profesionales y personas que habitualmente son calificadas como “tomadores de decisiones”.

Esta reflexión es oportuna porque también se podría aplicar a otra “inmensa minoría” que se ha convertido en nuestros tiempos azarosos del México contemporáneo en una especie de flagelo, o para decirlo en términos más llanos, en una “piedra en el zapato” para los ciudadanos.

Se trata de esos grupos de presión, de esa inmensa minoría, que se organizan para hacerle la vida imposible al resto de la gente que conforma la mayoría, mediante bloqueos, mítines, ocupación de edificios públicos, incendios, provocaciones y atentados diversos.

A estas organizaciones minoritarias -que pueden ser sindicatos, ONG’s, grupos irregulares o semiclandestinos, cofradías multicolores y a veces hasta meros membretes-, se les permite hacer todo género de estropicios, como ocupar espacios públicos -aceras, plazas públicas, accesos a edificios importantes-, para efectuar mítines, protestas, y también, de paso, venta de productos piratas.

El filósofo, periodista y teórico del marxismo, Antonio Gramsci, decía  que el Estado es “la síntesis de las fuerzas sociales”. Es decir, es el representante de todos y por lo tanto está habilitado para velar por la sociedad y ejercer el monopolio de la violencia.

Fuera de él, hay partidos, asociaciones, gremios y todo género de organizaciones, pero suelen tener su membresía bien identificada y auditable.

Aunque haya minipartidos, en nuestro cada vez más fragmentado sistema partidista, siempre la norma los obliga a acreditar un número específico de integrantes que les da legitimidad.

También están las Organizaciones no Gubernamentales a quienes se reconoce que tienen una presencia, que son una fuerza, que pesan por su representatividad, ya sea en el ámbito educativo, empresarial, social, cultural o político.

Pero los grupúsculos minoritarios dictatoriales -como la sección 22 de la CNTE o ciertas organizaciones de vendedores ambulantes, taxistas piratas, grupos con denominaciones extrañas-, que tienen en jaque a la mayoría de los mexicanos, representan sólo al grupo de mafiosos que los manejan y que medran a veces de las cuotas de sus integrantes o de los recursos públicos.

El filósofo español José Ortega y Gasset, al esbozar su teoría del “hombre excelente”, escribió que “en una buena ordenación de las cosas públicas, la masa es lo que no actúa por sí misma. Tal es su misión. Ha venido al mundo para ser dirigida, influida, representada, organizada -hasta para dejar de ser masa o, por lo menos, aspirar a ello-, pero no ha venido al mundo para hacer todo eso por sí. Necesita referir su vida a la instancia superior, constituida por las minorías excelentes”.

Según el autor de “La rebelión de las masas”, sin esas minorías excelentes la humanidad no existiría en lo que tiene de más esencial.

Pero con todo el respeto que se merece un pensador como Ortega y Gasset, esta teoría sólo abona a la creencia de que los seres humanos necesitan siempre de una pequeña minoría que los gobierne, los guíe, y conduzca sus pasos, y los lleve a tomar hasta las más pequeñas decisiones.

Fuera de los partidos, las organizaciones civiles sirven de soporte para vertebrarse y hacer llegar las ideas y propuestas de la sociedad a quienes toman las decisiones, que pueden ser los diputados, los senadores, los jueces o el poder ejecutivo.

EN MÉXICO, LAS MINORÍAS PESAN MÁS QUE EL GOBIERNO Y LAS MAYORÍAS

Lo que no se puede permitir es que la “inmensa minoría” o las “minorías excelentes” pesen más que las mayorías, el gobierno, los legisladores, los partidos y los jueces. Las tropelías de grupos como la CNTE y otros grupúsculos similares han llegado a tal grado, que el hartazgo de la mayoría de la sociedad es más que evidente.

Se supone que le pagamos con impuestos a la autoridad para que se imponga sobre esos grupos que viven de las rentas del Estado y lo menos que esperamos es que con el poder que se les ha otorgado a través de las urnas, ponga en orden a esas entidades facciosas que dicen representar a la sociedad, pero sólo son organizaciones minoritarias y muchas veces delincuenciales que subsisten del chantaje y la extorsión.

Por ejemplo, los maestros de Oaxaca viven bajo la férula de los líderes de la sección 22 de la CNTE, quienes les obligan a asistir a por lo menos el 80 por ciento de sus marchas y plantones, so pena de impedirles que asciendan en el escalafón para poder aspirar a ser directores, inspectores o funcionarios, pues para ello controlan todo el aparato burocrático de la educación.

Si no existiera esa obediencia obligada, ilegítima, los dirigentes carecerían por completo de apoyo y se vendrían abajo como castillo de naipes.

Con el tiempo, esta organización -y muchas otras más pequeñas que hacen su  agosto en espacios más pequeños y por lo tanto son menos visibles-, se han convertido en grupos desestabilizadores que constituyen una abierta amenaza a las libertades ciudadanas de las mayorías, como el derecho a la educación, el derecho de tránsito y el derecho al trabajo.

Ha llegado el momento en que los ciudadanos pongan un hasta aquí a esta absurda situación, de decirle al gobierno que si no está dispuesto a defender los derechos mayoritarios, entonces habrá que cambiarlo.

El “ya basta” se escucha por todas partes y las autoridades se niegan a escucharlo, ponen oídos sordos, creyendo que pueden administrar, no resolver, el conflicto.

¿Qué sucederá cuando alguien harto de que le estorben su camino diario a su oficina, a su escuela o que le impidan a sus clientes llegar a su restaurante, decida tomar la justicia en propia mano?

¿El gobierno podrá evitar que surjan no uno, no dos, sino decenas de justicieros que se propongan resolver por cuenta propia el problema, porque si se ponen a esperar a que la policía o el Ejército lo haga, se les agotará la vida?

Los grandes intereses creados que representan estos grupos minoritarios no son eternos y pueden caer en cualquier momento, si la sociedad se organiza, pero esto seguramente no será por la vía pacífica, ni sería un camino sencillo.

GRANOS DE CAFÉ

Pablo Ferri, periodista español -quien más bien asume carácter de activista, en un video difundido a través del periódico El Universal-, acusó al general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa, de emitir declaraciones “plagadas de falsedades y medias verdades” en torno a la muerte de 22 personas en Tlatlaya, estado de México, en junio de 2014, hecho por el cual los militares han sido acusados de “fusilar” a quienes -todo apunta-, pertenecían a un grupo delincuencial.

Primero, afirma que el general secretario se refiere a la respuesta de una agresión contra los soldados mexicanos, y luego indica que “nada se ha comprobado” sobre esta versión.

Segundo, desmiente a Cienfuegos quien dijo que todos los cuerpos en la bodega donde ocurrió este hecho dieron positivo al radizonato de sodio, y  refuta la versión al mencionar que “se trata de una prueba obsoleta la cual no demuestra que alguien haya disparado, sino sólo que estuvo cerca de donde hubo disparos”.

Posteriormente, arremete contra el titular de la Sedena, por haber señalado que los maleantes portaban armas de uso exclusivo del Ejército. Pablo Ferri menciona que -de acuerdo a la CNDH-, la escena del crimen fue “alterada”, los cuerpos “movidos”, “las armas aparecieron donde no se hallaban originalmente” y se extraña del hecho de que hubo 22 muertos del bando de los malos y ninguno del de los soldados.

Por último, le reprocha al funcionario mexicano “haberse tardado un año en aparecer en escena para hablar del caso” y -como perdonavidas a la usanza del Viejo Oeste, de manera irrespetuosa y casi insolente-, le pide al general Cienfuegos que cuando vuelva a hablar, “por favor sea serio”.

A riesgo de ser considerado un columnista políticamente incorrecto, primero habría que decir que el español no es juez para pronunciarse categóricamente sobre las afirmaciones que formula. Ferri es poco objetivo porque no cita ni ahonda sobre las evidentes contradicciones de las mujeres sobrevivientes que fueron testigos de los hechos y quienes primero afirmaron que habían sido plagiadas y luego aceptaron que eran prostitutas al servicio de los jefes delincuenciales.

Segundo, el periodista-activista Ferri parece equiparar al Ejército mexicano con las fuerzas armadas de otros países, que en tiempos de la guerra sucia en América del Sur o Centroamérica, abusaban indiscriminadamente de los derechos humanos, perpetraban matanzas y abusaban de mujeres, sin que fueran enjuiciados.

En México hay un Ejército profesional que nunca quiso meterse en el berenjenal del combate a las bandas criminales sino fue incorporado a fuerza por Felipe Calderón, quien quiso legitimarse y actuó de manera torpe y sin planeación alguna.

No por nada, entre todas las instituciones en el país, el Ejército es una de las de mayor prestigio entre los mexicanos. Los soldados mexicanos son profesionales, están bien adiestrados en el uso de las armas y hoy en día son instruidos y capacitados en materia de derechos humanos.

Es verdad que se llegan a cometer errores y que ellos no están complacidos de participar en tareas de seguridad pública, pero que no se pretenda echarles la culpa de todos los equívocos de los políticos, ni magnificar las versiones poco serias y retadoras de algunos periodistas-activistas, que hacen todo para quedar bien con sus fans.

Habrá que recordarle a Ferri que el fin máximo del periodismo es la búsqueda de la verdad, y que con sus apreciaciones sesgadas incurre en la vaguedad y en la imprecisión; es decir, peca de lo mismo que acusa. Si sugiere que el armamento pudo ser “sembrado” entonces tendría que demostrarlo.

La tarea periodística implica despojarse de todo prejuicio y obliga a investigar y recabar testimonios, para acercarse lo más posible a la verdad.

El español predica, no investiga; pontifica, no prueba; vocifera, no indaga. Emitir juicios de valor basado en supuestos y declaraciones nada fiables de fuentes igualmente cuestionables, es faltar, como él lo hace, a la ética periodística…. Sus comentarios envíelos al correo [email protected]