Los focos de alerta se prendieron de nuevo en medios nacionales y extranjeros a partir del anuncio de la detención de 44 personas por parte de la policía comunitaria del municipio de Ayutla de los Libres, en Guerrero, el pasado mes de enero. A partir de este acontecimiento y de errores de operación y comunicación política, tanto del gobierno del estado como del gobierno de la República, ha habido una explosión de anuncios de surgimiento y operación de los llamados “grupos de autodefensa”. Esto provocó la primera señal de alerta de riesgo en materia de seguridad nacional de la administración que encabeza Enrique Peña Nieto.

¿Por qué surgen?

Por la incapacidad del Estado mexicano (tanto federal como local) para llevar la paz, seguridad y la justicia a todo su territorio. Por la desconfianza que existe entre las comunidades frente a sus autoridades municipales y estatales. Y porque existe el interés de grupos delincuenciales de enfrentar de manera pública a las autoridades federales y estatales en el control efectivo de territorios.

En Colombia surgieron grupos de autodefensa patrocinados por los principales empresarios ganaderos que percibieron la amenaza que significaban la guerrilla y el narcotráfico. Posteriormente, los grupos de autodefensa se asociaron en las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a partir del importante estado de fuerza, recursos y armamento con el que contaban. Esto motivó su independencia de los intereses de los grandes terratenientes y del propio Estado colombiano, por lo que el gobierno tuvo que desconocerlos y sumarlos a la lista de grupos terroristas que amenazaban su supervivencia al nivel de las FARC o el ELN. De Colombia debimos haber aprendido el error de tratar de reconocer y legitimar a estos grupos. Y, también, que los grupos de autodefensa tienden a aliarse con las grandes organizaciones delincuenciales para establecer un círculo perverso de protección, a cambio de recursos económicos que les permitan subsistir y acceder a mayores y mejores armamentos.

No son lo mismo los grupos de autodefensa que las policías comunitarias.

En estados con fuerte presencia de población indígena y aislamiento territorial, como Oaxaca, Guerrero y Veracruz, han existido históricamente las policías comunitarias que brindan paz y seguridad. Con la reforma al artículo segundo constitucional de 2001, que da pauta a la libre determinación de los pueblos indígenas, se ha interpretado la libertad que tienen estas comunidades para definir sus reglas de convivencia con base en sus usos y costumbres. Sin embargo, en ninguna parte de la Constitución se establece el derecho de estos pueblos a ejercer la justicia por su propia mano.

Las policías comunitarias debidamente reconocidas por las autoridades estatales han sido factor de paz y de reconocimiento de las propias fuerzas del orden. Por el contrario, en Michoacán, Guerrero, y hace unos días en Tabasco, el surgimiento de estos grupos trae a cuenta el peligro de infiltración por parte de las organizaciones delincuenciales y de confrontación entre comunidades de un mismo municipio o localidades vecinas.

¿Qué no debe hacer el Estado?

En primer lugar, no debe legitimar a grupos de autodefensa que enarbolen la bandera de policías comunitarias y que en realidad busquen la confrontación con pueblos vecinos. Por ello fue un gravísimo error que el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, se sentaran a dialogar de manera directa con estos grupos el pasado 7 de febrero. Tampoco debe permitir la irrupción del orden constitucional como lo es la detención y retención de personas que supuestamente pertenecen a la delincuencia organizada, el cierre de vías de comunicación y la provisión de bienes y servicios. No debe permitir el “asociacionismo defensivo” con fines políticos. Finalmente debe dejar claro, como lo hizo esta semana la Sedena, la ilegalidad de la posesión, portación y circulación de armas de uso exclusivo del Ejército. Si una comunidad busca enfrentarse contra la delincuencia común, no necesita armas de grueso calibre. Si enfrenta el embate cotidiano de las bandas delincuenciales, entonces necesita la ayuda de fuerzas estatales o federales.

No se debe confundir el legítimo y efectivo trabajo de las policías comunitarias con el de los grupos de autodefensa que han surgido espontáneamente y que son patrocinados por los grupos delincuenciales. El hartazgo social por la inseguridad es legítimo, pero también puede ser utilizado como medio de inestabilidad y contrainsurgencia por parte de los enemigos de la sociedad y de los gobiernos democráticamente electos.

El autor es profesor de seguridad nacional, miembro de CASEDE y director de www.mexicoseguridad.mx. Esta columna fue publicada el domingo 26 de mayo en Enfoque del periódico Reforma, se puede consultar en: http://www.reforma.com/enfoque/articulo/701/1400416/?compartir=47ca0e44d4e68bfb56e50412d237a023

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