Las leyes secundarias de la reforma político electoral, que normarían la conducta de autoridades, partidos políticos, gobernadores, medios de información y propaganda, se constituyeron, desde este fin de semana, en la piedra de choque que confronta a las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso. Pero pasarán por obra y gracia de una mayoría simple.

El retiro del PRI de la mesa de negociación de la letra chiquita es eminentemente estratégico y no augura cambios sustanciales que garanticen procesos electorales limpios en lo futuro.

Lo que en un principio parecían avances, ahora los priístas quieren echarlos para atrás.

Que todo quede como estaba en materia de topes de gastos de campaña, en cuanto al voto de los mexicanos en el exterior y en el papel de los gobernadores en el control y manipuleo de las elecciones locales.

Veamos:

El año pasado, todas las fuerzas políticas aprobaron la reforma constitucional, pero de manera muy general: que tenía que haber un estricto control de los gastos y topes de campaña, que los mexicanos residentes en el exterior podían votar (un derecho ya institucionalizado) con credenciales que les fueran entregadas en los consulados y embajadas, y que el Instituto Nacional Electoral designaría a los integrantes de los consejos electorales estatales.

Ahora los priístas quieren matizar y dicen por ejemplo que los gastos de campaña para cada partido sean prorrateados en los diferentes procesos electorales, tanto federales, estatales como municipales.

Proponen también en un aparente intento de inhibir el voto en el exterior que los ciudadanos que viven en países extranjeros obtengan su credencial de elector en territorio mexicano y no en las representaciones consulares y diplomáticas.

Y en cuanto al papel del INE, no quieren que los consejos electorales estatales sean designados por el Consejo General del Instituto, sino por cada órgano electoral estatal, con lo que se presume que pretenden que los gobernadores, la mayoría del PRI, sigan manejando a su arbitrio ly conveniencia las elecciones. Son puros malos pensamientos, pero así es.

Algo de historia: ara la fabricación de las leyes secundarias se organizó en el Senado una mesa de negociación. Los panistas y perredistas se dieron cuenta de que si seguían discutiendo el documento original, saldrían perdiendo logros ya asegurados en la reforma constitucional y plantearon al PRI la necesidad de discutir una nueva propuesta complementaria del documento original, que garantizaría, según albicelestes y amarillos, mejores condiciones para una democracia menos tramposa.

Fue cuando los senadores priístas reaccionaron y se levantaron de la mesa, porque no están de ninguna manera dispuestos a que el partido en el gobierno pierda los privilegios legales que les facilitan el acceso o la permanencia en el poder.

Se retiraron de la mesa porque los del PAN, apoyados por los del PRD, trataron de obligarlos a que se discutiera en además un nuevo documento, que no estaba pactado, pero que obligaría a dejar, desde el punto de vista panista, y perredista muy claras las letras chiquitas en esos tres temas. Los senadores tricolores tenían entendido que el objeto de la negociación era el documento original que ya había sido consensado por las coordinaciones parlamentarias.

Pero a los panistas les cayó el 20 de que podían perder lo ganado en la reforma constitucional. Si no se precisa en que consiste el control de los gastos de campaña, según panistas y perredistas, se corre el riesgo de que se repitan asuntos nada claros como la supuesta compra de votos a través de las tarjetas Soriana y Monex.

Los priistas pretenden enmendar con la letra chiquita asuntos fundamentales para ellos, que no están plasmados de manera muy generalizada en la reforma constitucional, y que creen que les afectarían. Pero en honor a la verdad, los tricolores plantean cambios para que no haya cambios (gatopardismo le llaman los sudamericanos).

El jueves, el PAN relevó la negociación político-electoral y designó a un equipo encabezado por el senador Juan Carlos Romero Hicks, quien pidió se trabajara ahora a partir de un pliego de 12 puntos que les preocupan y que lo acordado en principio, hasta ese momento (con Héctor Larios, ya sustituido) fuera estimado “como un insumo”. El PRD secundó a los panistas. Así, PAN y PRD plantearon que se discutieran ideas sobre el listado de puntos de interés que expuso el senador Romero Hicks.

Miguel Ángel Chico (PRI), presidente de la Comisión de Reforma del Estado y que encabeza la legislación que haga el Senado, llamó al diálogo y al entendimiento de panistas y perredistas y, en ese sentido, a que reconozcan lo avanzado. Romero Hicks, jefe del grupo panista en la negociación, dijo que “el PRI quería debatir redacciones; nosotros, ideas que se volverán redacciones”.

El PRI defendió los documentos avanzados sobre la Ley Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de Partidos Políticos, que son producto de negociaciones abiertas desde marzo pasado en las que participaron senadores, diputados, dirigentes de los partidos políticos y del gobierno federal.

Este domingo salieron a los medios José González Morfin, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y Manlio Fabio Beltrones, líder de la mayoría, manifestando su interés por que las leyes electorales secundarias sean aprobadas ya por el Senado, claro si se superan las diferencias, y aunque no se superen, porque ciertamente que la minuta con el consenso o sin el consenso de los partidos opositores será aprobada por una mayoría simple integrada por el PRI y el verde ecologista. Pero qué pena que los tricolores no tomen en cuenta la posición del PAN y el PRD.

La Cámara de Diputados, de todos modos, recibirá la minuta en el último minuto del próximo miércoles, pero dispone de todo el mes de junio para estudiarla y aprobarla, ya que ahora resulta las leyes para el proceso electoral 2015 pueden ser aprobadas hasta el último día de junio.

Los diputados, a instancias de Manlio Fabio Beltrones, ya han acordado una ruta crítica de trabajo legislativo: Habrá los periodos extraordinarios necesarios para sacar las reformas.

Las otras leyes secundarias pueden esperar. La de competencia económica, la de telecomunicaciones y la energética. De ésta última, el Ejecutivo no ha enviado la propuesta de leyes secundarias.