Teléfono rojo
En Michoacán se siguen presentando grandes obstáculos para la materializaron y disfrute del derecho de acceso a la información pública. Quien pretende obtener información sobre el manejo de los dineros públicos o los actos de la autoridad se ve frenado, en su derecho a saber se interponen trabas burocráticas. En materia de transparencia los portales de los distintos niveles y órganos de gobierno no se encuentran actualizados. Basta, por ejemplo, entrar a la sección de transparencia del gobierno estatal para percatarnos de que los programas de gobierno destinados a apoyar el desarrollo económico y social no se difunden con oportunidad, claridad y sencillez.
Los gastos de comunicación social no aparecen ni se señala cuando menos la fecha, monto y partida de la erogación, el responsable directo de la contratación, denominación del medio de comunicación contratado, la descripción del servicio contratado, la justificación y la relación con alguna función o servicios públicos, como lo ordena el artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Michoacán. Aparece, en cambio la leyenda “La Coordinación General de Comunicación Social no ha tenido gastos de comunicación social puesto que no ha sido liberado el presupuesto 2015.” (http://laip.michoacan.gob.mx/acceso/inicio_dependencia.jsp?var=1, accesada el 30 de Agosto de 2015 a las 20:45 hrs).
Otro ejemplo: la ley ordena que los manuales de procedimientos y de organización sean parte de la información de oficio y estén disponibles para su consulta. La sección correspondiente a la Secretaría de Seguridad Pública no tiene publicado su manual de organización, aparece la leyenda “en proceso”; la Secretaría de Salud tampoco cumple, en lugar del manual de procedimientos aparece la leyenda “en proceso de elboración”.
Mucha información de no existe en el portal de transparencia y cuando aparece no se encuentra actualizada, cuando la hay data de diciembre de 2014. No se reporta la contratación de bienes y servicios.
La información que contenga el desglose del ejercicio del gasto público en cada una de las dependencias, es otro de los pendientes ordenados por la ley que se incumplen, en lugar de ello aparece la información general del gasto de los tres poderes del Estado y los organismos públicos autónomos con el total del presupuesto que les fue asignado para este 2015.
El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es el órgano garante de este derecho humano, no ha cumplido con su tarea. En la sección de recomendaciones de ITAIMICH aparece en todos los casos: “No se tiene ninguna recomendación registrada”.
En el caso de los municipios no se cumple con la ley. Por ejemplo, Villa Jiménez tiene su información sobre el gasto público en lo que cabría en una hoja impresa tamaño carta y se refiere únicamente al “ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF-FONDO II)”, es la información más reciente y data del segundo trimestre de 2014. (http://jimenezmich.gob.mx/?p=1893, accesado el domingo 30 de Agosto de 2015 a las 23:20 hrs). No aparecen los gastos de las distintas dependencias, ni las actas de cabildo, ni los contratos ni la asignación de obra pública. Para que se vea que hay transparencia hay una liga que lleva a página en donde nos enteramos que ITAIMICH cambió de domicilio.
Mientras a nivel nacional se ha establecido que tratándose de información pública deb prevalecer el principio de máxima publicidad, Michoacán es quizá el único estado de la República en el que se considera información reservada “la así clasificada mediante acuerdo del titular de cada uno de los sujetos obligados, previo dictamen de procedencia del Instituto”; es decir, son los funcionarios los que deciden que información se oculta y que información puede conocer la ciudadanía, en contravención delo que disponen la Constitución, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los Tratados Internacionales firmados por México.
Asegurar que la información sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible, verificable es uno de los deberes de ley que el órgano garante en Michoacán no ha cumplido.
Buena parte de los problemas de Michoacán se deben a la falta de transparencia y al ocultamiento de la información pública. La corrupción se extiende cuando se priva a la sociedad del derecho a saber cómo se gastan los recursos y como se ejerce la autoridad. La opacidad fue uno de los factores llevó al estado al severo problema económico en que se encuentra, en 13 años Michoacán pasó de tener una deuda de alrededor de 150 millones de pesos para llegar a obligaciones que rondan en los 30 mil millones de pesos y que tienen a la entidad en un callejón sin salida. Diferente sería la historia si se hubieran divulgado contratos, condiciones, obras específicas.
México ha dado pasos para el gobierno abierto, en Michoacán siguen pendientes la armonización de la Constitución local con la General de la República en materia de transparencia y acceso a la información pública y con la Ley General de la materia. También falta un órgano garante independiente y ciudadanizado que garantice a los michoacanos su derecho a saber.
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