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MEXICALI, BC., 15 de julio de 2026. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló al exgobernador Jaime Bonilla Valdez, también militante de Morena, como responsable de la filtración de audios de reuniones privadas.
Asimismo, aseguró que fue el propio exmandatario quien la puso en contacto con los supuestos intermediarios del gobierno de Estados Unidos, quienes, afirmó, nunca acreditaron su representación.
El pasado lunes 13 de julio trascendió la difusión de un audio de una reunión privada entre la gobernadora y presuntos representantes del Gobierno de Estados Unidos. La propia mandataria confirmó posteriormente la autenticidad de la grabación y señaló que la reunión ocurrió en enero del presente año.

En el audio, Ávila Olmeda manifestó estar dispuesta a proporcionar información relacionada con las mesas de seguridad estatales, en las que participan autoridades de seguridad pública federales, estatales y municipales.
Sin embargo, este miércoles, durante su conferencia mañanera, la Gobernadora aseguró que esa y otras reuniones con los supuestos representantes del Gobierno de Estados Unidos fueron gestionadas por Bonilla Valdez.
“Jaime Bonilla me ofreció reunirme con personas de Estados Unidos para platicar sobre el tema relacionado con mi visa. Confié de buena fe en mi antecesor. Y tuve esa reunión de la cual se han difundido varios fragmentos. Hoy queda claro para todos que fue una trampa”, declaró.
La Gobernadora de Baja California reiteró que dichas personas se hicieron pasar por intermediarios del gobierno de Estados Unidos y que le hablaron de supuestos cargos y procedimientos judiciales en ese país.
“Hice algunas preguntas al respecto y, al notar lo extraño de las circunstancias, les referí con el abogado al que en algún momento consulté (Michael Nadler). Nunca lo buscaron, nunca se comunicaron con él, nunca presentaron un solo documento y nunca se concretó ninguna reunión”, relató.
Pese a que aseguró que dichas personas nunca se identificaron formalmente como autoridades o intermediarios del gobierno de Estados Unidos, reconoció que sí ofreció información relacionada con las mesas de seguridad estatales.
No obstante, descartó que se tratara de información confidencial o que comprometiera la seguridad nacional.




