El negocio del dolor: anexos irregulares y el abandono oficial en SLP
San Luis Potosí enfrenta una crisis de salud y derechos humanos que nadie parece querer abordar: la proliferación de anexos irregulares en las cuatro zonas del estado, donde se encierra a personas con problemas de adicción bajo condiciones inhumanas, sin regulación sanitaria y sin que las autoridades asuman la responsabilidad de supervisar o sancionar estos centros que se aprovechan del dolor de las familias.
Estos lugares, habilitados en casas improvisadas y sin licencias sanitarias, operan como «clínicas» clandestinas donde los internos son sometidos a todo tipo de abusos.
Familias desesperadas pagan tarifas exorbitantes sin recibos, sin contrato y sin garantía alguna de que sus seres queridos recibirán un tratamiento digno. En muchos casos, lo que obtienen es violencia, maltrato físico y psicológico, así como prácticas rudimentarias que lejos de rehabilitar, destruyen la voluntad y la salud de quienes ingresan.
El aumento en el consumo de cristal, marihuana y otras drogas es innegable y ha exacerbado el problema. Pero, frente a esta realidad, ¿qué está haciendo la Secretaría de Salud? La respuesta es clara: absolutamente nada.
- No existe una estrategia clara y contundente para prevenir el consumo de drogas en las escuelas ni en comunidades vulnerables.
- No hay programas de rehabilitación accesibles ni seguimiento efectivo a quienes necesitan ayuda.
- No hay regulación alguna sobre los espacios que supuestamente se dedican a la «rehabilitación», lo que ha permitido que estos sitios se conviertan en cárceles clandestinas donde las violaciones a los derechos humanos son la norma.
Ya hubo fugas en un anexo de Ciudad Valles, denuncias de maltrato, extorsiones y cobros ilegales. Pero las autoridades parecen hacer oídos sordos.
En esta entidad ni siquiera existe un padrón preciso de cuántos anexos operan, quiénes los administran, cuánto cobran y bajo qué condiciones mantienen a los internos. Se juega con la esperanza de las familias, que ven en estos sitios la última oportunidad de salvar a sus jóvenes de las adicciones.
El abogado José Mario de la Garza ha denunciado de manera reiterada que en estos lugares hay una violación sistemática de derechos humanos.
La situación es tan grave que los llamados internamientos se realizan con privación ilegal de la libertad, con camionetas llenas de «personal» que secuestra a las personas en plena calle, argumentando contar con el permiso de los familiares.
La libertad de un ser humano es individual y no puede estar sujeta a la decisión de terceros. Sin embargo, en San Luis Potosí, estos «levantones» disfrazados de tratamientos ocurren a plena luz del día sin que la Policía Municipal ni la Guardia Civil intervengan.
El problema está fuera de control y el silencio cómplice de las autoridades solo agrava la crisis. ¿Cuánto tiempo más permitirá la Secretaría de Salud que estos centros sigan operando en la clandestinidad? ¿Cuántas vidas más tendrán que ser destrozadas antes de que se haga algo al respecto? La respuesta a esta crisis no puede ser el abandono ni la indiferencia. Es hora de exigir regulación, supervisión y, sobre todo, justicia.
NO QUADRA… que las denuncias por acoso y hostigamiento dentro del Ayuntamiento de San Luis Potosí no cesan. Esta vez, el testimonio de Rogelio N., trabajador municipal con más de 23 años de servicio, revela una estructura de abuso e intimidación que opera con total impunidad.
Según su denuncia, presentada el pasado 5 de marzo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Oficial Mayor, Salvador Moreno, junto con Marlene Montejo Cruz, encargada de Oficialía de Partes, han instaurado un régimen de amenazas, humillaciones y represalias contra el personal administrativo. La táctica es clara: intimidación a gritos, escarmientos públicos y castigos laborales disfrazados de reubicaciones forzadas.
Lo preocupante no es solo la denuncia de Rogelio, sino que, según su testimonio, hay más trabajadores listos para alzar la voz. Mientras tanto, el alcalde Enrique Galindo guarda silencio.
NO QUADRA… que las periodistas potosinas tengan cumplir su labor con miedo, que asistir a la cobertura de la marcha del #8M sea con el riesgo de ser amedrentadas por grupos de mujeres belicosas y violentas, quienes les exigen un gafete para una cobertura en la vía pública, cobertura que además que han realizado por muchos años; el caso de Paulina Rodríguez, a quien amenazaron con destruir su equipo de trabajo el pasado sábado, no es único ni el primero, pero exigimos desde este espacio que SEA EL ÚLTIMO. Las mujeres periodistas también marchan, consignan y gritan con el mismo dolor que el resto de las manifestantes, así que no merecen ese trato. Lamentable.
