Respaldan a comuneros en conflicto territorial con SICT en Michoacán

MORELIA, Mich., 28 de enero de 2026.- “Los habitantes de la comunidad ejidal de Apeo del municipio de Maravatío no ocupan de manera irregular sus tierras. Los derechos de la comunidad sobre el territorio ejidal están legalmente reconocidos desde hace más de 90 años”.

Lo anterior fue afirmado categóricamente por el abogado Valente Alvarez Reyes respecto a las constantes denuncias realizadas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y por la empresa Kansas City Southern de México ante la Fiscalía General de la República, mediante las cuales se acusa a habitantes de esa comunidad ejidal por supuestamente invadir el derecho de vía ferroviario y que derivó en protestas al respecto como la de abril de 2025.

Entrevistado en su oficina, el abogado defensor Alvarez Reyes dijo que las personas de la comunidad ejidal de Apeo que han sido denunciadas y otras más que seguramente serán acusadas, “no ocupan tierras de manera irregular”.

Explicó que los derechos de la comunidad sobre el territorio ejidal están legalmente reconocidos desde hace más de 90 años, mediante resoluciones presidenciales publicadas en el Diario Oficial de la Federación, que otorgaron y ampliaron su territorio comunal sin que exista registro de expropiación, autorización ejidal o delimitación formal del supuesto derecho de vía.

El abogado Valente Alvarez dijo que, de acuerdo con la información oficial del Registro Agrario Nacional, la vía férrea se encuentra dentro del polígono certificado del ejido de Apeo, en un área clasificada como tierras de asentamiento humano que no han sido delimitadas ni asignadas al interior del ejido y no existe ningún documento legal que justifique la ocupación, restricción o expropiación de esas tierras a favor de la infraestructura ferroviaria.

“Hablar de invasión en este contexto distorsiona la realidad jurídica, genera confusión social y desconoce derechos agrarios consolidados históricamente, puntualizó el abogado defensor de los ejidatarios.
Expresó, asimismo, que pretender aplicar hoy criterios o límites que no existían cuando se otorgaron las tierras resulta contrario a la Constitución y al principio de certeza jurídica.

“Este no es un problema de seguridad ni de ilegalidad social. Es un asunto histórico y administrativo mal atendido durante décadas, que debe resolverse por la vía institucional, mediante diálogo, revisión técnica y, en su caso, los mecanismos legales de regularización que correspondan”, precisó.

Alvarez Reyes explicó que la infraestructura ferroviaria y los derechos agrarios no son excluyentes. “El Estado tiene la obligación de proteger a ambos, sin criminalizar a comunidades ni ignorar la historia jurídica del territorio”, anotó.

El abogado defensor Valente Alvarez Reyes recordó que, tras esas denuncias, el pasado 19 de diciembre se ejecutó una orden de aprehensión en contra del ejidatario Alejandro Esquivel quien, afortunadamente, fue liberado al siguiente día. Dijo que por presiones de la empresa Kansas, a Alejando Esquivel se le sigue presionando para que firme un convenio, derribe la barda así como una parte de su casa. Valente Alvarez dijo denunció que, al igual que Alejandro Esquivel, hay otros ejidatarios denunciados y a los que se les podría ejecutar orden de aprehensión.

Por ello, dijo que los ejidatarios seguirán presionando ante el Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Michoacán (SICT) para que, vía del diálogo y la conciliación, se resuelva la problemática que hoy sufren frente a las denuncias de Kansas y de la SICT nacional, pese a que en abril de 2025 hubo un compromiso de atención.