Turnan a comisión conflicto de límites entre Sahuayo y Jiquilpan

JIQUILPAN, Mich., 15 de febrero de 2019.- Un acto de elemental justicia, pues en los hechos los habitantes de las colonias del tramo en definición realizan todas sus actividades legales y de contribución en el municipio de Jiquilpan, podría quedar saldado una vez que se resuelva el añejo problema de los límites entre Sahuayo y Jiquilpan.

Alfredo Ramírez Bedolla, presidente de la junta de coordinación política de la 74 legislatura, acompañado del presidente municipal, Roberto Mejía Zepeda, explicó que este asunto ya fue turnado a la comisión respectiva, platicado con el gobernador, Silvano Aureoles, y todo parece indicar que en breve se podrá resolver en los hechos.

En tanto, Mejía Zepeda, que es uno de los impulsores de esta medida, explicó que en términos presupuestales, el municipio deja de recibir por esta indefinición un promedio de 12 millones de pesos; “estas colonias pagan predial, agua, sus trámites de escrituras y actas de nacimiento etc., todo lo hacen en el municipio, así que de facto son parte de nuestro municipio y ahora solo esperamos la actuación del Congreso, los Gobiernos federal y estatal para legalizar esta situación”.

Más tarde, el alcalde se reunió con habitantes del municipio para dar a conocer los detalles de los programas federales que ya se están censando en el municipio, ahí nuevamente dijo que, al igual que el Gobierno federal, en su administración se combatirá la corrupción, “para esto serán muy importantes los comités ciudadanos, que vigilarán y decidirán las obras prioritarias en su comunidad, tenencia o colonia”.

Estamos en un nuevo gobierno, donde apoyar al pueblo es lo más importante, dijo, además será el propio pueblo quien determine que obras, la calidad de las mismas y el cuidado de los recursos, como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, la época de los moches se terminó y la corrupción será castigada por ley.

La presencia de Ramírez Bedolla también sirvió para la promoción de esta iniciativa que pretende que los recursos federales y estatales sean administrados y aplicados por las propias comunidades ejidos, tenencias y colonias mediante los mencionados comités de participación ciudadana.