Supervisan indígenas y autoridades mojoneras de la Mina Aquila

AQUILA, Mich.- Con la finalidad de aclarar en el campo las inquietudes
surgidas en el pueblo nahua de San Miguel tras el ingreso a la Mina de
Aquila el día 8 del presente mes de agosto, indígenas aquilenses,
representantes de la Procuraduría Agraria, enviados de los gobiernos
federal y estatal, y directivos mineros, realizaron un recorrido de
supervisión de mojoneras que delimitan los diferentes usos del suelo
del centro de trabajo de Las Encinas S.A. de C.V., filial de Ternium,
transcurriendo todo el evento en un clima de respeto y cordialidad.José Cortés, Jorge Arteaga y Reyes Guizar, presidente, secretario de
la Comunidad Indígena de San Miguel de Aquila y presidente del consejo
de vigilancia, encabezaron la comisión de nahuas aquilenses que por
acuerdo de asamblea estuvo integrada por más de 300 comuneros, muchos
de los cuales no pudieron ingresar a la mina por motivos de seguridad
para evitar un accidente dentro de las instalaciones.

En el recorrido, directivos mineros explicaron que en la Mina Aquila
hay 3 polígonos que delimitan los usos de suelo del centro de trabajo,
siendo el primero la concesión minera que otorga el Gobierno Federal,
que en este caso es de aproximadamente 70 hectáreas de donde la
empresa puede extraer del subsuelo el mineral de hierro para su
procesamiento y posterior traslado a los destinos finales.

El segundo polígono es el de la ocupación temporal que se pacta con la
comunidad indígena, del que se dijo es de aproximadamente 350
hectáreas, por el que al principio se pagó una cantidad por concepto
de indemnización por posibles daños ambientales y todos los bienes que
había dentro del área tales como casas, cultivos, árboles, cercados,
etcétera, y por el cual se paga una renta anual también convenida con
el pueblo nahua de Aquila, señalándose que esta superficie es
utilizada para realizar obras como oficinas, instalaciones, caminos,
terreros, depósitos de mineral y de otros materiales, canales,
piletas, y más necesarios para la operatividad de la Mina Aquila.

El tercer polígono es de tamaño intermedio y se ubica entre los otros
2, siendo el conocido como el de la MIA, Manifestación de Impacto
Ambiental, que es delimitado por las autoridades ambientales, quienes
determinan en qué áreas de la ocupación temporal se pueden ejecutar
obras para la operación minera y cuales no deben ser tocadas, o en
ocasiones, rehabilitadas para que no sufran daños colaterales por la
extracción del mineral de hierro.

También, los directivos de la empresa minera indicaron que toda su
operación en la Mina Aquila está realizándose conforme a las
legislaciones vigentes y a los acuerdos tomados con la Comunidad
Indígena de San Miguel, asegurando que en todo momento están
respetando los límites acordados y marcados con mojoneras, algunas de
las cuales no pudieron ser localizadas por los comuneros aquilenses.

Sobre la madera detectada en la primera visita, parte de la cual ya no
estaba, se dijo que lo visto en el área de tierra vegetal eran
principalmente ramas y trozos pequeños que de acuerdo a la
normatividad deben de sumarse al suelo almacenado, el que
posteriormente al concluir la operación de la Mina Aquila será
utilizado para rehabilitar los campos de trabajo que serán cerrados.

Sobre la madera en rollo y cortada en tablones, se informó que la
normatividad permite que esta sea utilizada por la Comunidad Indígena,
por lo que solo sería cuestión de que mediante acuerdo de asamblea la
soliciten y les será entregada.

En cuanto a las grandes cantidades encontradas de agua presuntamente
contaminada, se dijo que son piletas construidas con la finalidad de
que se sedimenten los sólidos con que bajan las corrientes al escurrir
de los terreros, informando que no se utilizan químicos y por lo mismo
tampoco hay contaminación en el líquido que una vez liberado de
rescoldos es incorporado a los arroyos locales.

Al concluir la visita a la mina, la Comunidad Indígena de San Miguel
Aquila se reunió en el auditorio comunal, donde en un recuento de lo
observado y escuchado, dijeron no estar conformes con las
explicaciones recibidas, señalando contar con el peritaje de un
biólogo que dice todo lo contrario a la empresa, motivo por el que en
la próxima mesa de dialogo en la que participan autoridades federales
y estatales, persistirán en que se paguen los daños que aseguran ha
causado la minera.