Preocupa falta de seguridad en juzgados

URUAPAN, Mich., 18 de junio de 2013.- La falta de seguridad y garantías, tanto para el personal de los cuatro juzgados penales como para los abogados litigantes, quedó de manifiesto luego de que medio centenar de habitantes de la comunidad indígena de Angahauan, agrediera física y verbalmente a la jueza y trabajadores del juzgado cuarto, por considerar que la nulidad de una actuación era por otros intereses.

El presidente del Colegio de Abogados de Uruapan, Reynaldo Arturo Cruz Santoyo, dejó en claro que esa falta de garantías, es preocupante ya que en esta ocasión que pretendían secuestrar a la jueza Ernestina Pimentel Pineda, para llevarla a la comunidad de Angahuan, no hubo una sola corporación de seguridad que interviniera a tiempo.

A pesar de que los cuatro juzgados están en el mismo inmueble del Centro de Reinserción Social “Lic. Eduardo Ruiz”, tampoco brindaron seguridad los custodios, ni intervino el director del penal, Antonio Ortuño Ochoa, mucho menos otras corporaciones. Al lugar arribó el subprocurador regional de justicia, tres horas después de los hechos.

Fueron los propios empleados del juzgado, quienes intervinieron, protegieron y evitaron el secuestro de la jueza; los manifestantes permanecieron en el lugar más de dos horas y evitaron saliera o entrara alguien durante ese tiempo; hubo tensión. Finalmente fueron convencidos y desistieron de su cometido.

Y es que los familiares y habitantes de Angahuan, protestan contra la jueza por haber sido liberados los presuntos culpables del secuestro y homicidio del niño Bernardino (a) “Zury”, el domingo 16 de diciembre pasado, a quienes se les integra el proceso 70/2012 .

Los argumentos: “No se acreditó responsabilidad ejecutoria del delito atribuible, en términos del artículo 249 del Código de Procedimientos Penales vigente, por lo que se les dictó auto de libertad por falta de pruebas para procesar, bajo las reservas de Ley”.

Es decir, que Cecilia, Delfina, Ma. Guadalupe y Genaro, presuntos responsables, no fueron detenidos por la Policía Ministerial en flagrancia del delito, ni contaron con un intérprete, por su condición de indígenas, tal y como lo establece la ley.