Llega helicóptero a zona de incendio en El Veladero de Acapulco
LÁZARO CÁRDENAS, Mich., 13 de junio de 2013.- Habitantes del Campamento Minero de la Mira y el Jefe de Tenencia de esa comunidad reiteraron la exigencia de un inmediato desalojo de un grupo de paracaidistas sobre un predio propiedad del estado y del municipio. Dijeron que con las lluvias habrá deslaves sobre sus viviendas toda vez que los invasores han desmontado el cerro y con maquinaria hicieron pilas de tierra.
La tarde de este jueves un numeroso grupo de familias del campamento Minero y el jefe de Tenencia de La Mira, Jorge Alberto Peñaloza Mendoza, reclamaron al alcalde y al gobierno del estado la lentitud con la que se tramita el desalojo de los paracaidistas.
Ante la presión de los inconformes, el presidente municipal, Arquímides Oseguera, ordenó que este viernes se proceda a la clausura de la construcción de viviendas en la zona invadida como una manera de desalentar la ocupación del predio de 22 hectáreas, de las cuales 2.5 son propiedad del municipio y el resto pertenecen al gobierno del estado.
Los habitantes del Campamento Minero temen que las lluvias deslaven grandes cantidades de tierra que han apilado el grupo de invasores del cerro que les queda de frente en la parte alta de sus viviendas.
Ante el reclamo de los afectados, el alcalde dijo que entraría en comunicación con la Subprocuraduría Regional de Justicia para solicitarle agilice el trámite de la denuncia oficial interpuesta por el gobierno del estado y el propio municipio contra el grupo que ilegalmente se posesionó de los terrenos el pasado 19 de mayo.
Al encuentro acudieron representantes del Comité Ejecutivo para el Desarrollo de la Costa-Cedelac- quienes para el caso representan al gobierno del estado y convinieron en que el Ministerio Público agilice la consignación ante un Juez petición de desalojo de la zona invadida.
Por lo pronto, y bajo la presión de las familias vecinas a la zona invadida, el alcalde ordenó que inspectores de Urbanística Municipal acudan este viernes a “clausurar” la construcción de las supuestas viviendas en las faldas del cerro. Ante el riesgo de que los invasores respondan con agresiones, los funcionarios serán escoltados por elementos de la Policía Municipal, aunque con la instrucción de no caer en enfrentamiento alguno.