Mantiene Compesca canales de navegación en el lago de Pátzcuaro
ZITACUARO, Mich., 14 de julio de 2015.- Autoridades comunales de la tenencia de Crescencio Morales, la más grande de este municipio del oriente de Michoacán y con una población mayoritaria de origen mazahua, denunciaron que empresas constructoras cometieron fraude con recursos federales para obras de infraestructura en dicha zona.
Los inconformes se refirieron especialmente a los tramos carreteros de El Capulín y Río Guadalupe, para los cuales se asignaron un promedio de 25 millones de pesos durante los ejercicios fiscales 2013-2014.
Ambas obras fueron de pésima calidad y quedaron inconclusas, según pudo constatar este corresponsal en un recorrido por ambas vías.
Los caminos están peor que antes de las últimas obras realizadas, afirmaron algunos pobladores de Crescencio Morales.
El caso más alarmante es el del llamado entronque Francisco Serrato a Río de Guadalupe, ya que por las malas condiciones del mismo están prácticamente incomunicadas más de 7 mil personas de las localidades del Rincón de San Mateo, la III manzana de El Capulín, Tigre, Tigrito y IV manzana de Guadalupe.
El presupuesto asignado para esa obra fue de 12.9 millones de pesos y seria del kilómetro 5+000 al 7+580. Se nombró como responsable de la misma a Roberto Segura Becerra, titular del Centro Coordinador de Zitácuaro de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Las autoridades comunales de Crescencio Morales mencionaron que tienen varios meses demandando que dicho funcionario rinda un informe detallado sobre el tema de las obras carreteras, especialmente de las empresas constructoras.
Agregaron que Segura Becerra solo se limita a responder que se establecieron demandas contra ellas, pero que es fecha que aún no entrega resultados y los caminos se deterioran más con los problemas que implican para la población de las comunidades.
Asimismo, señalaron que el coordinador de CDI actúa discrecionalmente y que hay varios casos en que ha modificado los padrones de beneficiarios de ayudas federales sin consultar con las autoridades comunales o los interesados.
Exigieron que antes de que concluya el periodo de gestión del actual gobierno del estado se reparen los caminos y que Segura Becerra sea cesado.
Finalmente, se pronunciaron porque los pueblos indígenas del oriente de Michoacán tenga representación popular en los poderes legislativos para que desde dicha posición pueda vigilarse la estricta aplicación de recursos federales que año con año se gestionan ante la Federación para mejorar las condiciones materiales de vida en la región.