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COAHUAYANA, Mich., 14 de abril de 2015.- Indígenas de Aquila del grupo encabezado por Austreberto Díaz, demandaron penalmente al sedicente comisariado comunal presidido por Juan Carlos Martínez, al que acusan de haber falsificado la firma de 28 comuneros, y la del juez menor Gregorio Bautista Tadeo, en el acta de la presunta asamblea en la que dicen fueron electos los demandados.
La querella penal fue presentada en la Agencia del Ministerio Público de Coahuayana en contra de los integrantes de la mesa directiva del comisariado presidido Juan Carlos Martínez, por los delitos de falsificación de firmas y lo que resulte.
Además de los comuneros, también presentó denuncia penal por el mismo delito de falsificación y lo que se acumule, el juez menor de Aquila, Gregorio Bautista Tadeo, cuya firma falsificada y su nombre fueron utilizados para dar fe de una supuesta asamblea en segunda convocatoria en la que él no estuvo presente, y dar legalidad al acta presentada ante el Registro Agrario Nacional para inscribir como autoridad comunal al comisariado presidido por Juan Carlos Martínez.
Apuntes
La Comunidad Indígena de San Miguel Aquila en los últimos años se ha visto inmersa en una situación difícil en lo que toca a la representación comunal de este pueblo nahua de la costa michoacana, tras de que el comisariado electo para el actual periodo que termina el 13 de mayo del presente año, primero fuera destituido por un grupo de comuneros que se hizo del comisariado y para no ser quitado del cargo, formó una guardia armada que corrió del territorio comunal a todos los opositores, hasta que las autoridades estatales detuvieron a los armados, con el resultado de que hubo dos directivas, una armada en el exilio y otra, la destituida, en el municipio, pero sin el reconocimiento pleno de las autoridades agrarias. Después los armados de Aquila se transformaron en autodefensas y regresaron a la cabecera municipal, deteniendo en un operativo a la directiva opositora, encarcelándolos, y posteriormente el comisariado armado ganó un amparo que le permitió cobrar aproximadamente 14 millones de pesos depositados por la minera en el Tribunal Unitario Agrario, disponiendo de este dinero sin acuerdo de asamblea, siendo demandado por los afectados. Luego se dio un fallo definitivo en sentido negativo al amparo concedido al comisariado armado, restituyendo a la directiva original, pero por estar encarcelada no pudo asumir sus responsabilidades, y entonces surgió una directiva provisional electa por la mayoría de los comuneros reconocidos inscritos en el padrón vigente, en tanto que otro grupo encabezado por Juan Carlos Martínez supuestamente realizó un proceso para elegir por segunda convocatoria a un comisariado comunal interino, y registró ante el RAN un acta que ahora es la base de demandas penales por falsificación de firmas.
El grupo de Juan Carlos Martínez es el que el viernes próximo pasado tras realizar una asamblea para autorizar el ingreso al censo comunal de 350 comuneros, el mismo día con estos “nuevos” miembros de la comunidad indígena tomó la carretera costera de Michoacán en los límites de Michoacán y Colima, en el puente Coahuayana, para exigir a la empresa que explota la mina de Aquila el pago de prestaciones que están consignadas en el Tribunal Unitario Agrario y las cuales no ha podido cobrar por diversos motivos legales, y ahora demanda que el Gobierno del Estado obligue a la empresa minera y al TUA a que les den el dinero depositado.
En el grupo de Juan Carlos Martínez participa de manera activa el ex comisariado que está demandado por haber cobrado aproximadamente 14 millones de pesos depositados en el TUA disponiendo de ellos sin autorización de la asamblea. También lideran el grupo comuneros castigados por la comunidad con la suspensión de sus derechos por 20 años al considerarlos responsables de un quebranto económico mayor en contra de este mismo pueblo nahua.