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ZITACUARO, Mich., 10 de septiembre de 2014.- El Oriente del estado está descobijado en materia de seguridad y se corre el riesgo de retornar a situaciones difíciles e incontrolables, afirma Silvestre Chávez Sánchez, comisariado de la comunidad indígena de Crescencio Morales, horas antes de reunirse, en un punto de la carretera Toluca-Zitácuaro, con funcionarios de los tres niveles de gobierno para atender una serie de problemas que aquejan a esa localidad y derivaron en un bloqueo de dicha rúa el domingo pasado.
“Las negociaciones de mañana arrancarán con ciertos avances, ya que en días pasados la Comisión Nacional Forestal (Conafor) atendió nuestra demanda de finiquitar pagos atrasados de 2009 y 2010 por la reforestación de más de 615 hectáreas comunales y ejidales”, precisa.
En el tema de los proyectos mineros que Grupo México estaría por desarrollar en la zona, aún no se conoce si algún directivo de dicha empresa estará en la mesa de discusión.
Chávez Sánchez sostiene que entre la población de la comunidad y los ejidos se tiene la percepción de que Grupo México va a realizar trabajos de minería que podrían en riesgo el hábitat de Crescencio Morales.
“Ya tenemos amargas experiencias de desgajamientos en los años 50 del siglo pasado y en 2010.
“Sí Grupo México tienen planeado realizar actividades, es necesario que lo conozcamos. Es más, toda acción que en materia minera piense instrumentarse debe considerar la afectación a la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca (RBMM) y al Sistema Cutzamala”, reflexiona el comisariado.
Asimismo, sostiene que hasta este día no se han aprobado los acuerdos del llamado Fondo Monarca y que ello impide a las comunidades y los ejidatarios el retiro de más de 50 mil metros cúbicos de madera muerta en una área de 476 hectáreas en la zona núcleo de la RBMM.
“Urge que las autoridad federales en materia forestal y medio ambiental tomen cartas en el asunto, pues existe el riesgo de una conflagración de grandes dimensiones que afectaría a muchos habitantes de Crescencio Morales”.
Otra demanda planteada durante el bloqueo del domingo pasado fue que la concesionaria de la autopista Toluca-Zitácuaro reparara siete de nueve puentes que construyó inadecuadamente y con materiales de pésima calidad.
“Arreglar cada uno de esos puentes tiene un costo de un millón 200 mil pesos”, señala tras mencionar que hasta este miércoles desconoce si en la mesa de negociación estará algún representante de la empresa concesionaria.
Chávez Sánchez sostiene que la pasividad de las autoridades ante este tipo de problemas genera desconfianza entre comuneros y ejidatarios y no habría que descartar la posibilidad de que sea parte de una estrategia para, en un futuro cercano, abrirle camino a las actividades de Grupo México.
“Vamos a estar concentrados en el arreglo de estos temas, porque hoy por hoy está demostrado que las actividades mineras son muy peligrosas para el medio ambiente”.
En la última parte de la entrevista, el líder comunal arremete contra el gobierno municipal de Zitácuaro, porque -asegura- ninguna obra de alto impacto ha realizado en Crescencio Morales, no obstante que ha gestionado importantes recursos federales con banderas comunales.
Es más, abunda, los policías municipales están cometiendo tantas arbitrariedades al amparo de la aplicación del reglamento de tránsito que las comunidades y los ejidos ya los ven como enemigos.
“Queremos que en la mesa de trabajo de mañana esté el comisionado Alfredo Castillo para que conozca la gravedad del problema de inseguridad que se vive en el Oriente de Michoacán, un problema que se puede desbordar rápidamente porque los policías municipales “son tan corruptos que están abriendo las puertas a una peligrosa inseguridad en la región”.
Advierte finalmente que sí las autoridades locales no atienden las demandas de las comunidades y ejidos, Crescencio Morales iniciaría un proceso de autonomía y de libre determinación política.