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MORELIA, Mich., 29 de septiembre de 2016.- En protesta por la presunta represión, las lesiones y el robo del que fuese objeto durante su desalojo del exterior de Palacio de Gobierno el pasado 15 de septiembre, así como para reiterar la demanda de cumplimiento de acuerdos emitidos por el Gobierno del estado en favor de la población con discapacidad en Michoacán, Florencio Ubaldo Muñoz del Castillo, presidente de la organización Por un Michoacán sin Barreras, ha reanudado su manifestación encadenado a la herrería del recinto.
Muñoz del Castillo señaló, sujeto mediante cadenas metálicas a la herrería de las ventanas exteriores del Palacio de Gobierno, que ha retomado su manifestación para demandar el cumplimiento del compromiso de la administración estatal relativo a la creación del Instituto para la Discapacidad en Michoacán, así como de las leyes tendientes a proteger a este segmento de la sociedad.
Entre los puntos de la normatividad que el también Premio Michoacán de los Derechos Humanos consideró no ha sido instrumentado, destaca la contratación de un equivalente de hasta el tres por ciento de la plantilla laboral de las dependencias gubernamentales estatales y municipales de personas con discapacidad, así como la asignación de por lo menos el dos por ciento del presupuesto local en acciones que deriven en el beneficio directo de esta población.
Asimismo, expresó su rechazo a las acciones que calificó como represión en su contra efectuadas el pasado 15 de septiembre, cuando durante la huelga de hambre que iniciara el activista para solicitar las demandas señaladas fue retirado de manera violenta del sitio, lo que produjo lesiones y el robo de sus efectos personales.
Tras reiniciar su protesta, especificó que hará responsable al Gobierno del estado, en particular al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), José Antonio Bernal Bustamante, de las afectaciones que pudiese sufrir en caso de ser nuevamente desalojado del sitio, en cuyas inmediaciones se llevarán a cabo actividades conmemorativas del natalicio de José María Morelos.
Agregó que ante la denuncia de hechos que presentó ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), tanto la autoridad de la entidad como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) serían responsables de daños que sufriera en su persona o en sus bienes por enviar elementos de seguridad a “golpear a una persona con discapacidad, a un activista de derechos humanos”.