MORELIA, Mich., 15 de mayo de 2019.- Federación y estado podrán homologar sus prácticas de sanción a los responsables del cambio ilegal de uso del suelo, para buscar obtener una mayor eficiencia en el combate, sobre todo, de quienes sustituyen las zonas boscosas por huertas frutícolas, refirió Juan Carlos Vega Solórzano, titular de la procuraduría Ambiental (ProAm).

Vega Solórzano señaló que hasta el momento, en tanto que el estado ha recurrido a la desinstalación de los sistemas productivos en el bosque que no acreditan el permiso para cambio de uso de suelo, la Federación ha privilegiado las penalizaciones administrativas, sobre todo, la clausura de las huertas.

Detalló que las medidas aplicadas por el estado han mostrado un mejor efecto en la reducción del cambio de uso de suelo y la pérdida de la cobertura vegetal, por lo que se buscará que la Federación, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), apuntale estas acciones.

Además, se pretende que se extrapole la transversalidad al rubro, para que en tanto las instancias ambientales trabajan por desincentivar la sustitución de arbolado por huertas frutícolas, las dependencias a cargo del sector alimentario, como la Secretaría de Alimentación y Desarrollo Rural (Sader), eliminan los apoyos a los productores que no disponen de autorización para cambio de uso de suelo.

El titular de la ProAm mencionó que el pasado lunes 13 de mayo, en compañía de Ricardo Luna García, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (Semaccdet), a Ciudad de México para signar un convenio de impulso de acciones ecológicas entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales.

Refirió que al momento se ha encontrado una buena disposición de las autoridades federales, para trabajar con criterios, que ahora no hay, “muestra de ello es la contingencia que han ocasionado los incendios forestales en el centro del país”.  

Juan Carlos Vega explicó que al momento la Profepa ha clausurado alrededor de mil 200 hectáreas de huertas frutícolas instaladas en zonas forestales sin permiso para el cambio de uso de suelo, mientras que la ProAm ha desinstalado cerca de 600 hectáreas, un estimado de mil 800 hectáreas frente  a hasta 250 mil hectáreas de cultivos establecidos sin previa autorización en espacios boscosos.

“Tenemos que encontrar mecanismos más eficientes para abatir la problemática de la degradación ambiental, porque actualmente estamos rebasados”, reconoció Juan Carlos Vega.

Indicó que la mesa de seguridad Ambiental, a la que pertenece la ProAm, prevé la realización de operativos de desinstalación de huertas frutícolas en 15 predios, ubicados en 12 municipios, los que “están listos” para ser intervenidos y comenzar la recuperación de las poblaciones de pino y oyameles.          

Además del retiro de las huertas ilegales, la estrategia estatal comprende la reconversión de hasta un tercio de las huertas irregulares en bosques y la aportación al Fondo Ambiental, por parte de los productores, instrumento que dispone de alrededor de tres millones de pesos para acciones de conservación y remediación ambiental.

Aunado a ello, requirió a la sociedad contribuir con las actividades para reducir la huella de carbono de los humanos, como la verificación vehicular para disminuir las emisiones tóxicas a la atmósfera, la prevención y reporte de incendios forestales, el adecuado tratamiento de la basura, el cuidado del agua y otros recursos no renovables, entre otros.