Morelia, sin documentales que soporten demanda de empresa en Sonora

MORELIA, Mich., 18 de octubre de 2017.- El ayuntamiento de Morelia no cuenta con documentales que soporten la demanda de la empresa radicada en Sonora Alumbrado Público Administración y Proyecto (APAP) para el pago de 120 millones de pesos por presunto incumplimiento de un contrato que habría sido celebrado en 2015, afirmó Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de la capital del estado.

Luego que APAP demandara ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado al ayuntamiento de Morelia por el incumplimiento de un contrato que habría sido firmado en 2015 por la administración encabezada entonces por Salvador Abud Mirabent y APAP para la recuperación de pagos excedentes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por concepto de consumo de energía eléctrica y derecho al alumbrado público (DAP), por lo que se generaría el pago de una comisión, Alfonso Martínez refirió que al momento no se conocen los documentos que respaldan estos señalamientos.

Reiteró que no han sido entregados al municipio el contrato de prestación de servicios mencionado o el acta de Cabildo donde se aprueba la operación, por lo que no le es posible tener certeza sobre la existencia del acto reclamado por APAP.

“Dicen que existe una demanda de algo que según hicieron de trabajo, pero que no existe, alegan un proyecto de recuperación del que no tenemos conocimiento, por lo que necesitamos que presenten lo que hicieron, no hay un convenio o un proyecto, al municipio no le han presentado estos documentos”, expresó Martínez Alcázar.

Manifestó que la administración local pretende poner un alto a los abusos cometidos en contra del erario público por personajes que se quieren enriquecer con facilidad a costa del municipio a través de argucias legales, por lo que cuidara el dinero de los morelianos para ser destinado a obras públicas.

Recordó que además de este procedimiento, el municipio enfrenta la demanda interpuesta por la no entrega de un número para un lote enajenado en 1982 por 129 millones de pesos, misma que se espera revertir.