Interpusieron controversia munícipes de Morena y PT ante SCJN

MORELIA, Mich., 13 de febrero de 2019.- Raúl Morón, alcalde de Morelia, refirió que el pasado 12 de febrero se llevó a cabo la interposición de la controversia constitucional por el impuesto al almacenamiento y depósito de residuos sólidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Detalló que el coordinador de los presidentes municipales pertenecientes a Morena y el Partido del Trabajo (PT), Víctor Báez, presentó el recurso en Ciudad de México, con lo que se da continuidad a la ruta jurídica para lograr la no implementación de la contribución.

Aunque permanece la expectativa de que el gobernador Silvano Aureoles proponga a los diputados locales la derogación de los llamados impuestos ecológicos, en particular, el impuesto al almacenamiento y depósito de materiales de desecho, como ya ha ocurrido con las contribuciones notariales y cedulares, los trabajos desarrollados para la promoción de la controversia constitucional por alcaldes emanados de la coalición Juntos Haremos Historia y legisladores estatales de Morena y el PT proseguirán al momento.

“Nosotros esperamos que sí, que el mandatario y los congresistas busquen la eliminación del impuesto, aunque se informó del acuerdo para la suspensión temporal, lo que pretendemos es que se haga una reforma para la derogación de los impuestos ecológicos”, expresó Raúl Morón.

El munícipe señaló que el último reporte de participación en el recurso indicó que signaron la iniciativa los 19 alcaldes emanados de Morena y el PT, así como seis ediles de otros institutos políticos.

No se ha definido el plazo para la resolución de la SCJN sobre la inconformidad de los alcaldes por la presunta invasión de facultades de los ayuntamientos por el gobierno del estado, al establecer contribuciones referentes al tratamiento de la basura.

De acuerdo con la estimación del municipio, de aplicarse la contribución en los términos en que fue creada en la ley de ingresos del estado para 2019, Morelia erogaría 25.2 millones de pesos anuales adicionales a los costos que le representa el manejo de los residuos sólidos producidos por la población.