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MORELIA, Mich., 18 de junio de 2019.- La inconformidad con la operación de Uber en Morelia originó la movilización de taxistas en las inmediaciones del Palacio Municipal, no la demanda de seguridad pública, afirmó Humberto Arróniz Reyes, secretario del Ayuntamiento.
Luego que un grupo de taxistas se manifestara en las inmediaciones del recinto, el martes 18 de junio, con bloqueo a la circulación de vehículos en vialidades aledañas, Arróniz Reyes aseveró que la principal demanda del gremio es “parar la operación de Uber”.
Agregó que, en su experiencia como extitular de la Comisión Coordinadora del Transporte Público en Michoacán (Cocotra), “los taxistas tienen razón, ya que existen en la entidad leyes que indican que para la prestación del servicio del transporte público se requiere contar con una concesión emitida por la administración estatal, y las unidades Uber no cuentan con ésta”.
Agregó que anteriormente se llevó a cabo un acuerdo entre el estado y el municipio para la instrumentación de operativos para retirar a los vehículos que brinden servicio de transporte público sin estar autorizados a ello, acciones que se pretende reactivar en el corto plazo.
Además del cese del funcionamiento de Uber en la capital michoacana, el gremio reclamó la cancelación de multas por infracciones de tránsito impuestas a chóferes, y facilidades para llevar a cabo el cambio en el titular de las concesiones, sobre todo ante el fallecimiento o la incapacidad del mismo.
De acuerdo con Arturo Méndez, representante del sector del transporte público en Morelia, en las últimas semanas por lo menos 40 trabajadores del volante han sido víctimas de robo o asalto durante el desempeño de sus labores, con casos donde han resultado además lesionados.
Esta situación llevó a taxistas a manifestarse en las inmediaciones de Palacio Municipal, a fin de solicitar al ayuntamiento capitalino la realización de acciones para abatir estos indicadores.
Por su parte, Julio Arreola, comisario de la Policía de Morelia, mencionó que se implementarán medidas de intervención inmediata ante reportes de hechos delictivos en contra de transportistas, así como reuniones períodicas para buscar abatir la incidencia de estos ilícitos.