MORELIA, Mich., 17 de enero de 2017.- Al señalar que prevalece una tradición de impunidad, habitantes de la capital michoacana manifestaron su incredulidad y total desconfianza ante el compromiso del Gobierno Estatal de iniciar un proceso penal contra ex servidores públicos, incluidos ex gobernadores, que presuntamente habrían incurrido en desvío de recursos financieros y actos de corrupción.
En un sondeo realizado por Quadratín, Jonathan Aburto López, empleado, señaló la necesidad de que los dichos se traduzcan en acciones de justicia; “como ciudadanos estamos muy afectados por la crisis económica, derivada de gente que ha sido corrupta”.
El joven estudiante, Víctor Andrés Salgado Guzmán consideró que la clase gobernante frecuentemente promete que habrá justicia para los corruptos, pero “en los hechos se protegen unos a otros; el gobierno quiere tapar con palabras una realidad que lastima a la población; la sociedad ya no cree en ellos, porque siempre es lo mismo”, apuntó.
El señor Ramón Chávez Aparicio consideró que lo que la crisis económica se ha agudizado como consecuencia de gobiernos corruptos; “nos dicen mentiras y hacen lo que les conviene; lo que tiene que hacer el gobernador Silvano Aureoles es actuar más allá de lo mediático, porque el problema de Michoacán es que la ley no se aplica”, dijo.
La señora Antonia Florián Avilés reprochó la impunidad y desproporcionada condición de privilegios en que se cobija la clase política, por lo que señaló que se requiere “mano firme” y sensibilidad de parte de los gobernantes; “todos los ex funcionarios y gobernadores; al pueblo ya lo tienen con el pie en el cuello, el pueblo no sufriría si no hubiera tanto ratero”, comentó.
Por su parte, Clara Solís Bautista se refirió a una tradición de impunidad, y manifestó su indignación ante la situación de empobrecimiento en que sobrevive el pueblo “frente a una clase política a la que únicamente le interesa enriquecerse; es mentira que vayan a hacer algo, y si lo hacen luego los van a soltar”, dijo, al advertir un despertar de la sociedad que ha comenzado a organizarse y a rebelarse; “sobre todo los jóvenes, ojalá que ellos sí luchen”, señaló.
Este martes, la titular de la Secretaría de Contraloría del gobierno de Michoacán, Silvia Estrada Esquivel informó que interpuso denuncias penales contra dos ex gobernadores de la entidad y ocho ex servidores públicos, quienes estuvieron en funciones entre 2012 y 2015, por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos públicos que representarían un daño al erario por un monto 3 mil 759 millones de pesos.