MORELIA, Mich., 29 de marzo de 2018.- La Loma de Santa María ya fue puesta en venta en beneficio de un particular, denunció el diputado Carlos Quintana Martínez, quien propuso un punto de acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo decrete la zona como área natural protegida.

En su exposición de motivos señaló que un particular con ayuda de la autoridad municipal alteró el área que tenía de 15 hectáreas y las multiplicó mágicamente hasta llegar a las 78 hectáreas, invadiendo terrenos de otros propietarios, incluyendo los de la Arquidiócesis de Morelia y el Club Campestre. 

“Tengo las pruebas fehacientes a la mano, que constatan que un grupo de vivales oportunistas (porque así se les debe llamar), incluyendo la administración municipal actual, vieron la enorme oportunidad de hacer el negocio de su vida a costa de dañar el medio ambiente de la ciudad.

“Y es que, a través de la Secretaría de Desarrollo Metropolitano y la Dirección de Orden Urbano, se autorizó con firma y sello una subdivisión de todo el terreno para la venta y compra de lotes en esa zona, en beneficio de un particular, en acto total de corrupción, ilegalidad e impunidad”, acusó mostrando el plano con los sellos del ayuntamiento.

Advirtió el legislador del blanquiazul que ya se le puso el letrero de se vende y de no tomar una decisión en este momento, estaríamos siendo cómplices indirectamente de un ecocidio, o lo que es lo mismo un daño irreversible a nuestro medio ambiente y a un deterioro del cual nuestras generaciones futuras serán los principales afectados.

Ante esa situación propuso que a la brevedad sea declarada como Área Natural Protegida la Loma de Loma de Santa María y Depresiones Aledañas al Municipio de Morelia. Considerando la elaboración de los nuevos polígonos resultantes. 

Pidió también que el gobierno del estado a través de la dependencia en la materia de medio ambiente, a tomar acciones urgentes para frenar y sancionar a quienes estén lucrando ilegalmente en la zona de la Loma de Santa María.

Finalmente hizo un exhorto a la administración municipal actual y a su titular, a respetar las leyes ambientales y urbanas en el Estado.