MORELIA, Mich., 18 de agosto de 2014.- El Comité Ciudadano por el Trato Ético a los Animales, las Asociaciones y grupos de Bienestar Animal, tuvimos la lamentable noticia de que los diputados Fidel Calderón (PRD), Leonardo Guzmán (PRD), Salvador Galván (PRI), Santiago Blanco (PRI) y Alfonso Martínez (PAN), quienes son integrantes de la 72 Legislatura, pretenden declarar las corridas de toros, también conocidas como “Fiesta Brava”, como patrimonio cultural del Estado de Michoacán de Ocampo.
De acuerdo con un comunicado de prensa, actuando en silencio, entre las sombras, apoyados por un minúsculo grupo de poder político y económico, bajo el falso argumento de que las corridas de toros y demás, constituyen una expresión cultural característica de los michoacanos, los diputados antes mencionados pretenden perpetuar éste lamentable espectáculo pasando por alto la voluntad, claramente mayoritaria, del pueblo al que dicen representar, violentando con ello el espíritu deliberativo del Congreso del Estado, poder público en el que deberían confluir las opiniones, intereses y preferencias de todos, no solamente los de unos cuantos.
Quienes emitimos éste comunicado reprochamos totalmente esas aberrantes pretensiones, las cuales, lejos de abonar a la recuperación de los pocos espacios públicos y culturales que tenemos, incrementan el estigma de brutalidad y violencia con el que lamentablemente se nos identifica a los michoacanos en el resto del mundo.
Desde la óptica que se prefiera, la “fiesta brava” y peleas de gallos, son espectáculos sangrientos, brutales y cobardes, dentro del cual se tortura a los animales y se les propicia una de las muertes más crueles; nombrar las corrida de toros y demás tradiciones como patrimonio cultural significaría poner, por encima de todo, los oscuros compromisos de éste grupo de diputados, quienes actúan ignoran los valores, principios, derechos y bienes que deben proteger, faltando a su obligación de garantizar que todas las formas de ver el mundo puedan coexistir pacíficamente y propiciar así una la convivencia sana y evolutiva. Existen límites claros en la tarea del legislador en su carácter de representante de la sociedad, los cuales les obligan a sostener un diálogo constante y abierto con quienes representan, lo que no ha sucedido en éste caso, pues jamás han escuchado las múltiples expresiones adversas de quienes no reconocemos a la “fiesta brava” como parte de nuestra cultura y tradiciones, quienes encontramos en ésta un espectáculo funesto, ajeno a los valores de respeto a la vida, a la biodiversidad, a la naturaleza, al aprovechamiento racional de los recursos naturales, a la educación, a la paz, a la vida sin violencia, a los espectáculos sin sangre ni tortura.
La cultura de unos pocos es distinta de la cultura nacional o estatal; la cultura es un derecho cuya protección y promoción es obligatoria para toda autoridad en nuestro país, derecho al que sólo se accede en base al diálogo con todas las expresiones sociales para así conocer sus planteamientos, conocer sus opiniones y sus prácticas y de ello obtener los conceptos que la sociedad verdaderamente identifica como manifestaciones culturales propias. La noción de “cultura” no se genera por decreto, sino que se define a través de tradiciones y cánones generalmente aceptados en un espacio y en un tiempo. Anular esas expresiones diversas reduce el derecho a la cultura al capricho de unos cuantos.
La cultura no es estática y es claro que estos espectáculos que pretenden decretar constituye hoy en día una expresión impropia de nuestra época, en donde el valor de la vida, la concepción de los animales como sujetos de dignidad, respeto y cuidado, así como la acepción de la persona humana como sujeto obligado al cuidado y preservación del medio ambiente, los animales y los recursos naturales, nos obligan a dejar de lado este tipo de expresiones que resultan del todo nocivas. El derecho a la cultura implica el colaborar en la construcción de la unidad social en base a expresiones comúnmente compartidas, a fomentar la unidad social en torno a actividades dignificatorias de la condición humana, constructivas, favorables para el entorno social, lo que no sucede con la “fiesta brava” cuyo contenido atenta claramente contra todos esos principios. Los legisladores olvidan que les está vedado imponer una concepción del mundo y la cultura particular, así la vean como valiosa, porque tal actitud atentaría contra el principio de respeto a la diversidad étnica y cultural y contra el trato igualitario para las diferentes culturas, pensamientos y expresiones.
Más allá de la condena ética y moral que formulamos, pretendemos dejar en claro que ese tipo de acciones resultan del todo ilegales, pues de concretarse, como decíamos, se estaría violentando el contenido ecológico de nuestras constituciones federal y estatal, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del que México es parte, en cuyo artículo 15 se reconoce el derecho de todas las personas a participar en la vida cultural, principio también contenido en los artículos 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, igualmente vinculantes para toda autoridad nacional y que obligan al legislador a escuchar las diferentes opiniones. Así mismo, estarían atentando contra la “Declaración Universal de los Derechos de los Animales”, al igual que en contra de los principios de identidad, diversidad y pluralismo proclamados por la Declaración Universal de la UNESCO sobre diversidad cultural, pero muy en especial, se estaría actuando en contraposición a la recomendación del Comité de los Derechos del Niño de la ONU que con fundamento en la Convención de los Derechos del Niño, claramente ha considerado a la “fiesta brava” como una actividad nociva para el adecuado desarrollo físico e intelectual de los niños, dado su alto contenido de violencia a partir del dolor y sufrimiento producido a los animales empleados en dichas actividades.
Estamos convencidos de que la cultura, en cuanto bien jurídico protegido y promocionado por el Estado, debe ser objeto de garantía y reconocimiento de un amplio espacio de manifestación y desarrollo, sin embargo, es claro que el ejercicio de las diversas manifestaciones culturales deberá estar en armonía con los otros valores, derechos y principios fundamentales que integran el sistema constitucional y democrático. La sociedad michoacana no necesita de más actos de crueldad, ni necesita tampoco de autoridades abusivas, ignorantes e inhumanas. La cultura no puede fomentarse a partir de la sangre, de la trasgresión de las normas, del abuso o de la muerte sin razón.
La lamentable situación humanitaria en la que nos encontramos, deriva en gran medida de este tipo de acciones, pues el olvido, la desatención y el maltrato a nuestros animales es sólo parte de la cadena de deshumanización y del ciclo de la violencia. La pacificación de nuestro estado es paso indispensable para su colocación como un polo integral de cultura. No podemos promover ni ofrecer valores que no tenemos, no podemos pretender ser huéspedes dignos de nadie mientras nuestros actos no hablen bien de nosotros.
Las asociaciones protectoras de animales y ciudadanos organizados e independientes comprometidos con la causa animal, acudimos ante Ustedes a solicitar su valioso apoyo en la difusión de éstas reprochables acciones, procurando que mediante la visibilización de ello se contribuya a no dejar que estos actos se materialicen.
Les invitamos continuar con sus valiosas muestras de solidaridad con animales humanos y no humanos; agradecemos su incondicional apoyo, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración.