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MORELIA, Mich., 25 de enero de 2014.- Para alcanzar un mayor y mejor procuración de justicia en México, el Ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, propuso la aplicación de un proceso de educación, capacitación y formación de servidores públicos en materia de derechos humanos.
Para este organismo, indicó, es una prioridad lograr los más altos estándares internacionales en procuración de justicia, como la sociedad mexicana lo demanda.
Al encabezar la ceremonia de firma de Convenio Específico de Colaboración entre la CNDH, la Fiscalía General del estado de Chihuahua y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el presidente de la CNDH dijo que el país demanda que todos los servidores públicos se comprometan en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, independientemente del ámbito en el que se desempeñen.
Ante el gobernador de la entidad, César Horacio Duarte Jáquez, el fiscal general, Jorge Enrique González Nicolás y el Ombudsman estatal, José Luis Armendáriz González, Plascencia Villanueva sostuvo que el acuerdo signado permitirá alcanzar la certificación de los servidores públicos de esa Fiscalía General.
Busca prevenir y evitar que se presenten violaciones a los derechos humanos a partir de servidores públicos mejor capacitados y más profesionales en el desempeño de sus funciones, particularmente en el respeto a los derechos humanos.
Esta Fiscalía, como todas las del país, indicó, debe convertirse en la principal garante de los derechos de toda la sociedad; ese debe de ser el sentido y finalidad para la cual fue diseñada, para proteger, garantizar y hacerlos efectivos.
Dentro de su gira de trabajo por Chihuahua, el presidente de la CNDH asistió al Informe de Labores el Ombudsman estatal, José Luis Armendáriz González, en las instalaciones del Congreso de la entidad.
Ahí, Plascencia Villanueva destacó la importancia de que en nuestro país contemos con un sistema no jurisdiccional de protección y defensa de los derechos humanos, sólido y amplio, que conoce de primera mano a las víctimas del delito, de violaciones a los derechos humanos y de la indiferencia, y que busca contribuir a la solución de los problemas.
Nuestra tarea, agregó, es particularmente delicada; nosotros no somos enemigos de las instituciones públicas, por el contrario, buscamos ser los mejores aliados para abonar a su pleno fortalecimiento.
Aconsejó seguir por esta ruta de trabajo, de fortalecimiento de la confianza social y particularmente con acciones efectivas, con la convicción para estar más alerta, acudir sin demora a donde sea necesario y dar en todo momento la cara por aquellos que están en condición de mayor desprotección.
Por los que no tienen la voz para hacerla valer ante la autoridad y por aquellos que han sufrido de algún abuso y que requieren de alguien que los apoye.
Reconoció que se han dado logros importantes pero no debemos bajar la guardia porque queda mucho trabajo por delante.
Por otro lado, sostuvo que el ejercicio de la función pública y la eficiencia de las instituciones del Estado mexicano deben estar en permanente revisión por parte de las instancias de control y sobre todo por la sociedad.
Para lograrlo, dijo, es importante impulsar acciones a fin de que todos conozcamos de manera puntual la labor cotidiana que se realiza; es fundamental que la sociedad cuente con una radiografía realista y permanentemente actualizada de la situación que guardan los derechos humanos.
Con ello, dijo, se obtiene una visión más clara de las metas y objetivos, se logra un esquema para fortalecer e identificar de manera preventiva las deficiencias y los retos que están por venir.