MORELIA, Mich., 23 de mayo de 2016.- A pesar de que aún no ha recibido la aprobación del Congreso de la Unión, la iniciativa 3de3 será una realidad para alrededor de 350 servidores públicos adscritos al ayuntamiento de Morelia, luego de que en sesión de Cabildo se autorizara por unanimidad sumar a las declaraciones de impuestos, requerida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y patrimonial, exigida por la administración local, la declaración de intereses por parte de funcionarios mandos medios y superiores.

Aunque actualmente sólo Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de la capital del estado, ha presentado la triple declaración, hecho inscrito dentro de su campaña por la presidencia municipal de Morelia, a partir de julio la totalidad de los sujetos obligados por la legislación, secretarios a jefes de departamento, así como empleados municipales involucrados en el manejo y control de recursos e información relevante, deberá contar con la declaración de conflicto de intereses ante la Contraloría municipal o la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).

Con esta determinación, Morelia será la primera ciudad en el estado y uno de los escasos municipios del país que verifica mediante instrumentos vinculantes la correspondencia entre los ingresos de los funcionarios y sus propiedades; el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y la revisión de ausencia de intereses personales, familiares o empresariales por parte de los tomadores de decisiones, expresó Martínez Alcázar.

El munícipe destacó la voluntad de la actual administración por incentivar la transparencia y la restricción de cuentas ante la ciudadanía, como lo demuestra la medida restrictiva que tendrá aplicación durante esta gestión, en oposición a la práctica tradicional de los gobiernos, que consiste en imponer estas determinaciones para su aplicación desde el siguiente período de labores.

Entre las sanciones que los servidores públicos recibirán en caso de no sujetarse a la declaración de intereses en los tiempos previstos por la comuna se encuentran la amonestación y la inhabilitación para fungir como funcionario público, precisó Alfonso Martínez.