Inaugurarán Boulevard Industrial de Uruapan con inversión de 50 mdp
MORELIA, Mich., 29 de enero de 2026.- Decenas de ejidatarios de la comunidad Apeo del municipio de Maravatío realizaron este jueves un plantón ante las oficinas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SITC) en esta ciudad capital demandando diálogo con las autoridades de esta dependencia federal para resolver la problemática que tienen con la empresa Kansas City.
Entrevistado en el marco de dicho plantón, el encargado del orden de dicha comunidad ejidal, Enrique Miranda Martínez, dijo que también están demandando el cese de las intimidaciones, hostigamientos y denuncias penales en contra de algunos de los habitantes de Apeo que realiza presuntamente la empresa Kansas City en complicidad con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Miranda Martínez denunció que la Fiscalía General de la República ya ha ejecutado dos órdenes de aprehensión y que están en puerta otras más en contra de algunos habitantes de la comunidad ejidal.
Expresó que con el argumento de que los ejidatarios estaban violando el derecho de vía que significa que las viviendas deberían estar a unos 20 metros de las vías del tren y no a 15 metros como hoy lo están, la empresa Kansas City pretende que se derriben alrededor de 29 viviendas, sin que se les indemnice a sus propietarios.
Los ejidatarios pretendieron entrevistarse con el director de la SCIT Michoacán, Antonio Godoy González Vélez, para que, a través de él, se pueda realizar una entrevista con el secretario de esta dependencia federal, Jesús Antonio Esteva Medina, a quien le expondrían la problemática que hoy enfrentan con Kansas City. Pero el intento fue frustrado, toda vez empleados de la SICT Michoacán dijeron que el director Godoy González se encontraba de gira por la costa michoacana.
Al abundar sobre el tema, el encargado del orden de Apeo, Enrique Miranda Martínez, dijo que existe un conflicto de naturaleza histórica, agraria y administrativa relacionado con la infraestructura ferroviaria que atraviesa su territorio.
En primer término -añadió- es importante señalar que el ejido de Apeo cuenta con derechos agrarios plenamente reconocidos desde la década de 1930, derivados de resoluciones presidenciales publicadas entre 1934 y 1941, mediante las cuales se dotaron y ampliaron sus tierras comunales. Al momento de dichas dotaciones, no existía delimitación específica del derecho de vía ferroviario ni regulación en los términos actualmente vigentes, agregó.
Asimismo, dijo que, de acuerdo con información oficial proporcionada por el Registro Agrario Nacional, autoridad competente en la materia, la vía férrea correspondiente a la línea N se encuentra dentro del polígono del ejido de Apeo, específicamente en un área clasificada como asentamiento humano.
Asimismo, expresó que dicha autoridad informó que no existe inscripción alguna que ampare autorización ejidal, procedimiento de expropiación o delimitación formal del derecho de vía sobre el tramo en cuestión.
Enrique Miranda advirtió que, en ese contexto, debe considerarse que cualquier intento de imponer actualmente delimitaciones o restricciones con base en criterios posteriores impacta derechos agrarios que se encuentran previamente consolidados, lo que genera una afectación retroactiva y un escenario de incertidumbre jurídica, particularmente al haberse iniciado investigaciones penales contra ejidatarios y avecindados por una supuesta invasión a bienes de la Nación.
Por ello, dijo que la comunidad ha solicitado formalmente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que el asunto sea atendido mediante mecanismos administrativos y de regularización, privilegiando una valoración integral que tome en cuenta los antecedentes históricos, la información registral vigente y los derechos del ejido de Apeo, a fin de evitar la criminalización de una problemática cuyo origen no es penal, sino histórico y administrativo.




