Basura: negocio y resistencia al cambio en Uruapan

MORELIA, Mich., 25 de junio de 2026.- El conflicto entre el Ayuntamiento de Uruapan y un grupo de recolectores particulares de basura no surgió por la cancelación de permisos, sino por una decisión que modificó la forma en que durante años operó parte de la recolección de residuos sólidos urbanos en el municipio.

Tras varios meses de mesas de trabajo entre autoridades municipales, la Secretaría de Medio Ambiente de Michoacán y representantes de los recolectores, el gobierno municipal decidió no renovar ni emitir nuevos permisos para quienes se negaron a incorporarse al nuevo esquema de separación de residuos.

La medida impactó a 62 camionetas particulares que participan en la recolección domiciliaria de basura, pero que operan fuera del esquema de concesión que establece la legislación en materia de residuos. De acuerdo con información de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, el objetivo del programa “Si la separas ya no es basura”, implementado por el Ayuntamiento de Uruapan en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente de Michoacán, es reducir la cantidad de basura que llega al relleno sanitario, recuperar materiales reciclables y aprovechar residuos orgánicos para la producción de composta.

Sin embargo, la medida tocó intereses económicos construidos durante años alrededor de la recolección y disposición final de los residuos.

Las autoridades municipales sostienen que los recolectores particulares no cuentan con una concesión formal para prestar el servicio público. La última renovación de permisos ocurrió durante la administración del exalcalde Víctor Manuel Manríquez González. Desde entonces, las camionetas continuaron operando bajo un esquema que hoy es cuestionado por el Ayuntamiento, al considerar que no cumple con los lineamientos establecidos para el manejo integral de residuos sólidos urbanos.

La diferencia no es menor. Mientras una concesión implica obligaciones específicas sobre rutas, manejo de residuos, supervisión y cumplimiento ambiental, los permisos temporales permitieron durante años la operación de decenas de unidades sin un control integral sobre el destino final de los desechos.

El desacuerdo se profundizó cuando el Ayuntamiento solicitó a los recolectores recibir los residuos previamente separados por los ciudadanos. La medida forma parte del programa “Si la separas ya no es basura”, implementado por el Ayuntamiento de Uruapan en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente de Michoacán, que plantea una clasificación básica desde el origen para distinguir residuos orgánicos, reciclables y sanitarios. El objetivo es reducir la cantidad de desechos que llegan al relleno sanitario, recuperar materiales susceptibles de reciclaje y aprovechar residuos orgánicos para la producción de composta.

Los recolectores rechazaron la medida al argumentar que la separación y clasificación corresponde a quienes administran el relleno sanitario concesionado, operado por el ejido de Jucutacato. Sin embargo, para las autoridades ambientales, la estrategia busca evitar que materiales con potencial de aprovechamiento terminen mezclados y sean enterrados como basura.

Las cifras oficiales de la recolección municipal muestran por qué la autoridad insiste en modificar el modelo. De acuerdo con datos de Servicios Públicos Municipales, el 57 por ciento de los residuos recolectados tiene potencial para convertirse en composta; el 17 por ciento corresponde a materiales reciclables como PET, cartón y madera; y sólo alrededor del 27 por ciento requiere disposición final en el relleno sanitario por tratarse de residuos sanitarios o no aprovechables.

En otras palabras, cerca de tres cuartas partes de los residuos que hoy se generan en Uruapan podrían tener un segundo uso. Si el esquema funciona como fue diseñado, únicamente una cuarta parte de la basura tendría que enterrarse. El dato adquiere relevancia al considerar que la vida útil de cualquier relleno sanitario depende precisamente de la cantidad de residuos que recibe diariamente.

La negativa a incorporarse al programa de separación tuvo otra consecuencia. El Ayuntamiento retiró un fideicomiso que ayudaba a cubrir el pago por tonelada de residuos depositados en el relleno sanitario. Con el subsidio fuera de operación, el Consejo de Administración del relleno comenzó a cobrar el costo real por el manejo de los residuos. La tarifa quedó fijada en 310 pesos por tonelada.

Para los recolectores particulares esto representó un incremento inmediato en sus costos operativos. Sin embargo, funcionarios municipales sostienen que la afectación económica podría reducirse si los residuos llegaran separados, debido a que una parte importante dejaría de ingresar al relleno sanitario.

Los datos proporcionados por fuentes de Servicios Públicos Municipales permiten dimensionar la actividad económica que existe alrededor de la recolección particular. Las camionetas cobran entre 30 y 40 pesos por bolsa de aproximadamente 15 kilogramos. Para completar una tonelada se requieren alrededor de 66 bolsas. Con una tarifa promedio de 35 pesos por bolsa, una tonelada genera ingresos cercanos a 2 mil 300 pesos.

Las autoridades estiman que cada unidad recolecta en promedio 3.5 toneladas por jornada. Bajo ese cálculo, los ingresos diarios podrían alcanzar aproximadamente 8 mil pesos por camioneta. La disposición final de esas 3.5 toneladas tendría un costo cercano a mil 85 pesos, considerando la tarifa oficial de 310 pesos por tonelada.

La diferencia entre ambos montos es uno de los elementos que aparece en el centro de la controversia. Para el Ayuntamiento, la separación de residuos reduciría todavía más el volumen destinado al relleno sanitario. Para los recolectores, el nuevo modelo implica modificar la logística con la que han operado durante años.

Otro de los señalamientos de las autoridades municipales se relaciona con la falta de información sobre las rutas que cubren los recolectores particulares. Según funcionarios consultados, no existe un padrón actualizado que permita identificar con precisión qué colonias atiende cada unidad, la frecuencia del servicio o los días específicos de recolección. Tampoco existe información pública que permita conocer los ingresos derivados de servicios especiales contratados por comercios, industrias o particulares para el traslado de residuos.

A ello se suma un problema visible para quienes transitan diariamente hacia el relleno sanitario de Jucutacato. La carretera de acceso presenta de manera constante bolsas de basura, plásticos y residuos dispersos a lo largo del trayecto. De acuerdo con autoridades municipales, parte de esta problemática deriva de que algunas camionetas particulares transportan los residuos sin lonas o sistemas adecuados de cobertura, lo que provoca que parte de la carga caiga durante el recorrido.

El resultado es una franja contaminada por desechos que nunca llegan a su destino final y que terminan sobre la carpeta asfáltica, cunetas y áreas verdes. Para las autoridades, esta situación refleja la necesidad de regular las condiciones de transporte de los residuos y reforzar las medidas de supervisión.

Los cambios impulsados por el Ayuntamiento provocaron inconformidad entre los recolectores. Durante las últimas semanas emprendieron movilizaciones pacíficas y acciones de protesta en la salida a Zumpimito. Entre las medidas implementadas figura la supervisión de vehículos que ingresan al relleno sanitario concesionado. También difundieron mensajes en redes sociales donde advierten posibles incrementos en las tarifas para los usuarios.

El conflicto se mantiene abierto. Mientras los recolectores sostienen que las nuevas disposiciones incrementan sus costos de operación, el Ayuntamiento insiste en que la transición hacia un sistema de separación representa una obligación ambiental que no puede aplazarse.

La disputa ocurre en un momento en que los municipios enfrentan crecientes presiones para reducir el volumen de residuos enviados a disposición final. La Secretaría de Medio Ambiente de Michoacán ha impulsado programas orientados a la economía circular, el reciclaje y el aprovechamiento de residuos orgánicos.

En ese contexto, la discusión de Uruapan trasciende la renovación de permisos. El fondo del debate se encuentra entre dos modelos distintos de manejo de residuos: uno basado en recolectar y enterrar la mayor parte de la basura, y otro que busca recuperar materiales antes de que lleguen al relleno sanitario.

La resistencia al cambio, la falta de regularización de decenas de unidades, la ausencia de control sobre rutas y volúmenes recolectados, así como las afectaciones ambientales visibles en el camino hacia el relleno sanitario, han colocado a Uruapan en una discusión que trasciende la renovación de permisos: consolidar o no el programa “Si la separas ya no es basura”, como eje del nuevo modelo de manejo de residuos sólidos urbanos en el municipio.