Mesa de trabajo del Auditor Superior de Comisión de Vigilancia de ESAF

CUERNAVACA, Mor., 14 de marzo de 2024.- David Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación participó en la última de las Mesas de Trabajo ante los diputados que integran la Comisión de Vigilancia de la ASF, para aclarar dudas y realizar precisiones sobre los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2022.

El titular de la ASF explicó que en las tres etapas de revisión de la Cuenta Púbica 2022 fueron
fiscalizados 313 entes de la Administración Pública Federal que representan más del 50% del total, 2 empresas productivas del Estado y 16 organismos autónomos; también se llevaron a cabo 615 auditorías a las entidades federativas y a la Ciudad de México; a 930 municipios y alcaldías; 123 instituciones de educación superior locales y otras 72 entidades, así como 9 organismos autónomos.

Expresó que como resultado de las 1,762 auditorías a los recursos de origen federal, se observó un monto por aclarar de 22,892.1 millones de pesos y en cuanto a los gobiernos estatales, las entidades federativas con mayores observaciones, cuyo montos por aclarar superaron los 1,300 millones de pesos.

La falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto fue la principal irregularidad detectada en las auditorías, la cual generó más del 64% del monto por aclarar.

Enfatizó que se logró el reintegro a la Tesorería de la Federación, gracias a la intervención de la Auditoría Superior, recursos por 3,128.2 millones de pesos, “importe histórico y equivalente al 142% del presupuesto con que contó la ASF, es decir, que por cada peso asignado al máximo órgano de fiscalización en 2022, éste recuperó a la Federación 1.2 pesos”

La ASF tiene presencia en el 100% de los gobiernos estatales, además que en más de 13 ó 14 estados, ya se fiscaliza directamente al total de sus municipios, como es el caso de Nuevo León con 51, comentó.

En el 2022, el gasto federalizado ascendió a más de 2 billones de pesos, de los cuales más de un billón, específicamente, el 52.4%, correspondieron a las transferencias condicionadas o gasto federalizado programable y el 47.6% a los recursos de libre disposición o participaciones federales, recursos que fueron transferidos por la Federación a través de más de 66 fondos y programas a los 32 Gobiernos de las Entidades Federativas, los 2,475 Municipios y Alcaldías de la Ciudad de México, Organismos Públicos Descentralizados Locales, como las Instituciones de Educación Media Superior y Superior, Universidades Públicas Estatales, por mencionar algunos tipos de Entes Públicos ejecutores de recursos de origen, remarcó.

Por otra parte, indicó que por primera vez se hicieron 23 revisiones forenses, 12 a la Administración Pública Federal y Organismos Autónomos y 11 a los gobiernos subnacionales.

Apuntó que en la revisión de la Cuenta Pública 2022, se realizaron un total de 279 auditorías de Cumplimento Financiero, de los cuales 129 fueron de desarrollo económico, 62 de gobierno y 88 de desarrollo social; el universo seleccionado ascendió a 13,743,412 millones de pesos, con una muestra auditada de 5,011,905 millones de pesos.

Sobre Desempeño se llevaron a cabo un total de 112 auditorías; de éstas, 107 fueron de desempeño y 5 relativas a la gobernanza y el control interno; En Inversiones Físicas Federales se realizaron 110 de inversiones, que totalizaron recursos fiscalizados por 252,184.7 millones de pesos, se observaron 2,822.6 millones de pesos y se recuperaron 675.7 millones de pesos, respectivamente, indicó.

Colmenares Páramo destacó que la ASF practicó revisiones de ciberseguridad, en donde se identificaron mejoras respecto a revisiones previas, como es el caso del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Nacional Financiera y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el caso de las auditorías a TIC´s, se llevaron a cabo 18 auditorías, que totalizaron
recursos fiscalizados por 21,283.9 millones de pesos con una muestra revisada de 9,369.2


Sin embargo, el Auditor Superior de la Federación mencionó: “se pudo constatar que en general no se tienen implementados controles robustos de ciberseguridad, lo que pone en riesgo los activos de información de las entidades”.

Subrayó que el trabajo de la ASF en cuanto a la fiscalización superior ha ido creciendo y mejorando, porque se cuentan con nuevas y mejores herramientas tecnológicas que permiten abarcar un mayor número de entes fiscalizados; reducir los tiempos de atención y respuesta en el intercambio de información y datos con absoluta certeza jurídica; eficientar el proceso de comunicación con los entes fiscalizados a nivel nacional al poder hacer reuniones y trabajo remoto, así como incorporar paulatinamente en todas las instituciones públicas del país la cultura digital para el desarrollo de la fiscalización superior.