Las malas prácticas y delitos electorales atentan contra la democracia

Los delitos electorales se presentan por lo regular en el inicio del proceso electoral que corresponda, hasta la declaración de clausura del mismo, se matizan más el día de la jornada electoral, es decir, el día en la que se deposita el voto en la urna; entonces ¿En dónde se aprecian las malas prácticas en un proceso electoral?

En el libro Why Electoral Integrity Matters de la politóloga Pippa Norris establece que, las malas prácticas electorales tienen un efecto perjudicial sobre la satisfacción o malestar contra la consolidación de la democracia, el cumplimiento de la ley y; en última instancia, sobre la estabilidad política e incluso pueden repercutir en la supervivencia misma de la democracia.

Nos queda claro que los delitos electorales por propia naturaleza están tipificados en el código penal respectivo, pero a las malas prácticas se les debe poner atención y erradicarlas con mecanismos efectivos que garanticen a los participantes de un proceso electoral bajo el principio de equidad; y en su caso de persistir las malas prácticas, por una parte, la ciudadanía e interesados deberán denunciar y por otra las autoridades competentes asumir su responsabilidad legal y que no haya impunidad.

Se puede definir a las malas prácticas como el uso de dinero para comprar votos, así también en el sentido de la proyección de la política social como ocurrencia de un gobernante o un partido favoreciéndose con las leyes a modo, con la simulación en casos de la actuación parcial de instituciones estatales y federales, o la inclinación a favor de una candidatura y la presión sobre el elector para dar su voto a cambio de dádivas presentes o futuras.

De otra forma se ha practicado el ilícito de la entrega de tarjetas u otro instrumento a través del cual se ofrezca un beneficio personal directo o la incorporación a un programa social en el futuro, condicionado a un cierto resultado electoral; así también destaca la falta de autonomía financiera de los órganos electorales como los Institutos y Tribunales locales que se ven sujetos al presupuesto y que de una cierta forma el poder en el ejercicio intenta sabotear la imparcialidad, para verse beneficiado.

Por la lucha del poder son capaces los partidos políticos y candidat@s de ejercer malas prácticas y el fraude a la ley o a la Constitución, dañando la confianza en las instituciones políticas y en la legitimidad de los gobiernos electos; es por ello, que deben existir lineamientos que faciliten identificar determinadas prácticas, deben quedar muy claros los artículos de la ley en la materia y fortalecer el sistema democrático con la eficacia del cumplimiento de las reglas por parte de las autoridades competentes, y por ultimo sin dejar de ser menos, contar con una ciudadanía informada, participativa y exigente de una auténtica democracia liberal y deliberativa.