Impugna Gobierno de Morelos retiro dorado de Magistrados

CUERNAVACA, Mor., 9 de febrero de 2024.- El gobierno de Morelos que encabeza Cuauhtémoc Blanco interpuso una controversia constitucional contra el Congreso del estado de Morelos, por la aprobación de tres jubilaciones anticipadas y voluntarias para igual numero de Magistrados del Poder Judicial del estado de Morelos, lo que cual les permitirá mantener sus ingresos prácticamente iguales, a pesar de ya no formar parte de dicho poder.

De acuerdo con la Controversia Constitucional 24/2024, el Poder Ejecutivo de Morelos -a través de la conserjería jurídica- busca invalidar sendos decretos mediante los cuales, los Magistrados Guillermina Jiménez Serafín y Andrés Hipólito Castro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y Jorge Alberto Estrada Cuevas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), dejaron sus puestos de forma voluntaria, pero mantendrá an sus ingresos o pensiones materialmente iguales a los que tenían cuando estaban en funciones.

De acuerdo con datos del Poder Judicial del estado de Morelos, un Magistrado gana un promedio de 100 mil pesos mensuales, algunos con otros beneficios que incrementan dicha cifra. El retiro voluntario al que se acogieron y que fue diseñado por los diputados para promover espacios en el Poder Judicial que les permitiera introducir a incondicionales o favores políticos, permitirá que los Magistrados en retiro obtengan los primeros dos años el 100 por ciento de sus ingresos, en tanto que dicho porcentaje se reducirá después al 80 por ciento.

Lo aprobado por los diputados e impugnado por el gobierno de Cuauhtémoc Blanco también permitirá que dichos beneficios del Magistrado puedan pasar al 50 por ciento a favor de su cónyuge o concubina, o de sus hijos si son menores de edad.

Entre los argumentos que el Poder Ejecutivo estatal estableció para controvertir los acuerdos de los diputados, también incluye que dichos beneficios incrementara de forma significativa la nómina anual del Poder Judicial, además de que la medida es violatoria de la Constitución, ya que se considera una medida exclusiva para un sector (Magistrados), a la cual no pueden allanarse otros sectores del servicio público.