Registra Morelia 68% de avance en programa anual de inversión
MORELIA, Mich., 12 de junio de 2026.- En la madrugada de este viernes, la Policía Morelia arribó a las oficinas de Vista Bella del OOAPAS para liberar el acceso que dese hace dos días prevalecía bloqueada por morelianos de la tenencia Santa María que reprochaban la desaparición de la junta local del agua.
Los manfestantes denunciaron que pese a la represión que vivieron con el desalojo en el transcurso de este viernes volverán a reunirse para definir qué acciones realizar, ya que resaltaron que con la intimidación y la violencia no van a desistir en su lucha.
El jueves por la mañana durante una rueda de prensa exigieron la conformación de una junta administradora de agua en la zona, que dé atención a más de 130 colonias.
En conferencia de prensa realizada este jueves, en el exterior de la planta potabilizadora de Vista Bella, expresaron que buscarán iniciar el proceso para efectuar la consulta ciudadana sobre la implementación del esquema de comunidad indígena con autogobierno y ejercicio directo de su presupuesto.
De acuerdo con Uriel Sánchez, representante de los inconformes, el reclamo es la reintegración de la infraestructura hídrica y las fuentes de abastecimiento que pertenecieran a la extinta junta local de agua potable en Santa María, que comprendía más de 130 colonias y la comunidad pirinda residente en la tenencia.
Este viernes en un comunicado externaron de manera textual lo siguiente:

"De manera cobarde, aprovechando la oscuridad de la madrugada, los agentes llegaron sin previo aviso y agredieron a quienes mantenían la guardia de nuestro movimiento: mujeres, personas adultas mayores y ciudadanos que únicamente se encontraban ejerciendo su derecho a manifestarse y defender un recurso vital para nuestra comunidad."
"No aceptamos que la respuesta del gobierno ante la defensa del agua sea la represión. No aceptamos que quienes levantan la voz por un derecho fundamental sean tratados como enemigos. Nuestro movimiento nació de una causa justa: proteger el agua, proteger nuestro territorio y defender el futuro de nuestras familias.
Hoy queda claro que Alfonso Martinez Alcazar no quiere diálogo. En lugar de escuchar a la ciudadanía, responde con policías, amenazas y fuerza pública. Esa no es la forma de gobernar; esa es la forma de imponer y silenciar.

La pregunta es clara: ¿así quiere ser gobernador?, ¿Cómo pretende representar a la gente quien ante una demanda social responde con represión?
Reiteramos: la defensa del agua no es un delito, exigir respeto a nuestros derechos no es un delito, y ningún acto de intimidación logrará detener una lucha que pertenece al pueblo.
¡El agua es vida y la lucha continúa!
La Comunidad Indígena Pirinda de Santa María




