Vinculan a proceso a 6 acusados de secuestro, extorsión y robo

MORELIA, Mich., 20 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y a la Extorsión, obtuvo de órganos jurisdiccionales la vinculación a proceso de seis personas, por su posible responsabilidad en diversos delitos cometidos en los municipios de Uruapan y Zinapécuaro.

De acuerdo con un comunicado, en el primer caso, América Stephania “N”, Carlos “N”, Martín “N” y Eduardo Manuel “N” fueron vinculados por extorsión agravada y robo calificado grave, derivados de hechos registrados en noviembre de 2025, en Uruapan. De acuerdo con las investigaciones, los imputados presuntamente amenazaron con incendiar establecimientos comerciales, sustrajeron dinero en efectivo y pertenencias, además de realizar exigencias económicas mediante mensajes telefónicos. El Juez les impuso prisión preventiva justificada y fijó tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Por otra parte, Víctor Manuel “N” quedó sujeto a proceso penal por secuestro agravado, relacionado con la privación de la libertad de tres personas, registrada el 13 de abril de 2026 en la localidad de Tiamba, también en Uruapan. Las víctimas permanecieron en cautiverio hasta el día siguiente, cuando fueron liberadas bajo la condición de entregar una cantidad de dinero. Se determinó prisión preventiva oficiosa y un plazo de cuatro meses para continuar las indagatorias.

En Zinapécuaro, Luis Alexis “N” fue vinculado por secuestro exprés, cometido el 18 de junio de 2026 en agravio de cinco integrantes de una familia, entre ellos un menor de edad. Según los datos de prueba, las víctimas fueron interceptadas por sujetos armados y trasladadas a un inmueble, donde las obligaron a entregar dos vehículos a cambio de su libertad. La autoridad judicial estableció la misma medida cautelar y cuatro meses de investigación complementaria.

Las determinaciones judiciales se sustentaron en los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público y forman parte del trabajo de la FGE para combatir los delitos que vulneran la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas.