Obtiene FGE 15 años de prisión por abuso sexual contra su hijo
MORELIA, Mich., 16 de diciembre de 2025.- El nuevo Plan de Persecución del Delito, producto de un diagnóstico interno de la Fiscalía General del Estado, con las voces de diversos sectores sociales y con las víctimas como prioridad, aseguró el fiscal General, Carlos Torres Piña.
Ante los diputados locales de las comisiones de Seguridad, Justicia, Gobernación y la Junta de Coordinación Política, el Fiscal General recordó que para dar forma a este nuevo proyecto, se tomaron en cuenta distintas voces, tanto internas como externas a la Fiscalía, gracias a los foros celebrados en ocho municipios, encuestas y cabildeo con diversas organizaciones sociales.
Desarrollamos foros en Zamora, Jiquilpan, Morelia, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Huetamo, Zitácuaro y Coahuayana con el fin de recabar propuestas provenientes de la sociedad civil, organizaciones sociales, instituciones académicas, sectores productivos y servidores públicos, con una participación de más de 8 mil personas que aportaron ideas y experiencias que enriquecieron directamente la elaboración del Plan”, expresó Torres Piña a los diputados en el salón de recepciones del Palacio Legislativo.
Recordó el Fiscal General que “para el diagnóstico interno, visitamos todas las instalaciones de las fiscalías regionales y especializadas, además de todos los edificios de la Fiscalía con sede en Morelia; realizamos reuniones de trabajo y prospectiva con los directivos de cada una de las áreas para conocer las necesidades más apremiantes para las y los trabajadores de la Fiscalía”.
Producto de los encuentros con el personal y una encuesta especializada, se identificó que existe arraigo por parte del personal a la institución, pero también "la urgente necesidad de mejorar las condiciones y herramientas de trabajo de los integrantes de la Fiscalía”, añadió el responsable de la política criminal del estado.
Un tercer pilar, y central del plan, según lo expuesto por el abogado, “el Plan pone en el centro la atención a la víctima, teniendo como objetivo garantizar la legalidad en el actuar institucional, reducir los márgenes de impunidad, consolidar un modelo integral de atención y restablecer la confianza ciudadana en la Fiscalía, como institución encargada de procurar justicia”.
Para alcanzar los objetivos planteados, se buscará discriminar en la procuración de justicia, “partiendo de la premisa de que no todos los delitos requieren la misma respuesta”, dando prioridad a los delitos de alto impacto que causan un daño grave en la sociedad, y el resto, será prioritario resolver mediante medidas alternativas de solución de controversias, una de las estrategias más socorridas durante la gestión del fiscal Adrián López Solís para despresurizar el trabajo dentro de ese organismo autónomo.
Se priorizará la utilización de los mecanismos alternativos de solución de controversias, como los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso, que permitan la reparación del daño sin recurrir necesariamente a la sanción punitiva, garantizando siempre la protección de las víctimas”, comentó el procurador a los legisladores.
A la par, se buscarán contar con líneas de acción y mecanismos de monitoreo para evaluar y medir los resultados, a fin de ajustar el trabajo de las fiscalías de manera permanente, garantizando con ello el acceso a la justicia y transparencia.