Vence a gobierno estatal: no pagará el peso que aumentó el transporte
MORELIA, Mich., 30 de abril de 2025.- Producto del descuido con el que procedió el gobierno de Michoacán, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en materias Administrativa y de Trabajo, resolvió a favor la queja 98/2025, concediendo la suspensión provisional en contra del Decreto mediante el cual se incrementa la tarifa del transporte público en Michoacán.
Así, la autoridad anuló para el ciudadano quejoso el aumento que el miércoles 16 de abril entró en vigor.
Dicho habitante es Jorge Álvarez Banderas, abogado tributario, interesado en marcar el yerro de la consejería jurídica del gobierno estatal, al permitir la emisión de un documento que omitía los requisitos que su propia naturaleza le obligaba a observar.
Con la decisión dada a conocer este martes, “se evidencia que cuando la autoridad emite un acto contrario a derecho, se puede inaplicar la disposición”.
El doctor en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca, España, y doctor en Ciencias de lo Fiscal, detalla que el decreto gubernamental que dio pie a la elevación de un peso en la tarifa que cobra el transporte urbano de Morelia, fue inconstitucional por carecer de las firmas del gobernador y otros funcionarios.
Para Álvarez Banderas, el acto gubernamental se trató de un descuido; “pienso que los abogados que están en la Consejería Jurídica confían en sus subordinados, pero al permitir que sólo la directora del Instituto de Transporte (María Elena Huerta Moctezuma) firmara el acuerdo, no cuidaron la investidura del señor gobernador”.
“En el tribunal hay tres magistrados, uno de ellos señala desacuerdo en conceder la suspensión provisional, pero los otros 2 la conceden y me favorece a mí sin efectos generales”, manifestó el especialista, lo que implica que esta decisión no es extensiva para toda la población ni revoca el anuncio del gobierno estatal.
“Me interesa como profesor investigador que la gente conozca sus derechos y sepa que hay actuaciones incorrectas del Estado”, manifiesta el también licenciado en Administración de Empresas, y si bien considera que la promoción de un juicio de amparo puede ser una acción muy onerosa para el ciudadano común, recuerda que “lo que debe imperar es el Estado de Derecho, y este tipo de acuerdos gubernamentales son contrarios a ello, así se trate de un peso”.
