Resultados de Carlos Torres Piña al frente de la Fiscalía de Michoacán
MORELIA, Mich., 17 de diciembre de 2022.- A casi 10 años de haber iniciado un conflicto entre vecinos y una familia del fraccionamiento Ario de 1815, la pelea escaló a lesiones dolosas, amenazas, persecución y agresiones constantes, sin que hasta ahora los afectados hayan logrado acceder a la justicia.
Los vecinos señalan que todo comenzó con la señora de nombre Sarah P. O., supuesta trabajadora de la Secretaría de Gobierno, en la Dirección de Gobernación, quien es acusada de agredir de manera recurrente a Leopoldo Rodríguez, animalista y rescatista de perros en condición de calle.
“La controversia inició por mis perros, los que rescato y otros que se acercan a la casa por ayuda; le molesta que los saque a pasear y me denunció”, aseguró el agraviado, quien sostuvo que no le retiraron los canes porque se encuentran en buenas condiciones y tienen espacio suficiente.
“La familia Valencia Pérez son unas personas agresivas… En la calle que habitamos, fui golpeado hace dos años por uno de los hijos, Alberto V. P., y todavía no concluye el proceso; esta persona, lo hemos visto consumir drogas y otras sustancias. No sé que tanto se mete”, explicó.

De acuerdo a la carpeta de investigación 1003202010653, Leopoldo Rodríguez, adulto mayor, así como su hija Mónica, fueron golpeados con los puños y también con una varilla, dejando graves daños a la salud de ambos, el primero en ambos ojos y la segunda en cervicales.

“El hijo, Alberto V. P., me dio puñetazos en la cara y me golpeó con una varilla en la cabeza y nuca; me pusieron varios puntos en la cabeza. Además, las agresiones siguen, usa expresiones ofensivas en mi contra y además me ha echado agua, pero, aun así, la autoridad no hace nada”, expresó Mónica Rodríguez.
Pero no son los únicos, el psicólogo Humberto, vecino de la misma calle, ha sufrido el acoso en su persona y en su familia, ya que, aseguró, le han echado el carro a él, seguido a su hijo adolescente y su hija ha sufrido acoso callejero por parte del presunto responsable de las lesiones al vecino del adulto mayor, todo lo que comenzó cuando decidió dar su testimonio por la golpiza a Leopoldo Rodríguez.
José Luis Herrera, otro vecino y testigo de los hechos, aseguró que existen sospechas de que la familia use sus influencias en la Dirección de Gobernación, a la que está adscrita, ya que no les resuelven y día a día deben aprender a vivir bajo el acecho.
“Cómo es posible que el Ministerio Público tengan todos los datos de prueba para judicializar la carpeta, no lo hagan. Es porque Sara P. O., conoce a alguien de allí”, expresó, además de que en los últimos meses se ha solicitado de manera recurrente, una y otra vez, la presencia de la Guardia Estatal Civil y la Policía Morelia, para que resuelvan sobre las agresiones recurrentes, pero no hacen nada, por el contrario, también les grita e ignora a la autoridad.
Además de las denuncias de Mónica y Leopoldo, presentaron a Agencia Quadratín un documento que a la calza dice: “escrito de queja de los vecinos del fraccionamiento Ario de 1815, contra la C. Sara P. O. y su hijo Alberto V. P.”, que se acompaña de 15 firmas, con nombre, domicilio y número de teléfono, en caso de que se desee verificar.
Asimismo, una vecina acusa a Sara P. O., de presunto fraude, además de agresiones, “...en varias ocasiones acudió a mi negocio de comida casera a consumir alimentos diversos y a la hora de hacer el pago de dichos alimentos se negaba a cubrir el pago total…”, seguido de la firma.
Con relación a los supuestos hechos de la calle Juan Manuel Olmos, en el que se ve a un vecino golpear un coche, aseguraron que no está completo el video, por el contrario, que se manipuló para su conveniencia, ya que al Ministerio Público Local les han negado que funcionen las mismas, en lo que se refiere a la investigación por agresiones.
De acuerdo a la Plataforma Nacional de Transparencia, Sara P. O., su hija Diana V. P., y Alberto V. P., están ligados al Gobierno del Estado, la primera como secretaria en la Dirección de Gobernación; el imputado de lesiones dolosas, estuvo de contrato en la Secretaría de Salud, mientras que Diana forma parte de la plantilla de la Comisión Coordinadora del Transporte.




