Va Michoacán por encriptar identidad de víctimas con reformas procesales

MORELIA, Mich., 2 de septiembre de 2026.- Las reformas procesales impulsadas por el Gobierno de Michoacán buscan ampliar la protección de víctimas y testigos de delitos violentos, ante el temor de represalias por parte de los acusados y la falta de confianza para denunciar, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En entrevista colectiva, el mandatario señaló que la iniciativa “responde a un reclamo social que, durante años, ha planteado la necesidad de contar con mecanismos legales que protejan a quienes denuncian y aportan testimonios en procesos penales”.

“Y la gente lo dice, el pueblo lo dice: que hay demasiadas leyes que protegen al delincuente y que no hay ninguna ley que proteja a la víctima, que proteja a los testigos”, señaló el Gobernador. 

Ramírez Bedolla explicó que uno de los principales problemas detectados en los procedimientos judiciales es que algunos casos no logran sostenerse hasta la sentencia debido a que los testigos se retiran o dejan de declarar, en algunos casos por amenazas.

“Hoy queremos cambiar esa historia”, sostuvo.

La propuesta contempla modificar diversas leyes y disposiciones federales como el Código Nacional de Procedimientos Penales y leyes generales como contra la extorsión, secuestro y el Sistema Nacional de Búsqueda. La serie de reformas busca fortalecer la figura ya contemplada en la norma para determinados casos que necesitan protección y contempla otros delitos.

El gobernador sostuvo que el objetivo es preservar la identidad de las víctimas y testigos durante buena parte de la investigación, de manera que sus nombres se conozcan hasta el desahogo de las pruebas, sin afectar el debido proceso ni los derechos de las personas imputadas. Es decir, se sigue garantizando su derecho a saber qué se les imputa, el cuadro fáctico, datos de prueba o actos de investigación, pero solo sabrán quienes son los que acusan o testigos hasta el desahogo de la prueba. 

“Es cambiar la forma en que se trata a la víctima, en que se trata a los testigos y encriptar, por así decirlo, sus nombres durante gran parte del proceso de investigación”, explicó.

De acuerdo con Bedolla, la medida permitiría fortalecer las investigaciones y evitar que las amenazas o el temor a represalias provoquen el abandono de los procesos.

Aclaró que la propuesta requiere una reforma legal de carácter federal, debido a que los procedimientos penales se encuentran regulados por el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La iniciativa, dijo, será enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum como propuesta del Ejecutivo estatal y también al Congreso de Michoacán, con la intención de que el Legislativo local la impulse ante el Congreso de la Unión.

Ramírez Bedolla afirmó que el planteamiento fue revisado con integrantes del Poder Judicial de Michoacán, magistrados, ministerios públicos, la Fiscalía General del Estado y la Consejería Jurídica del Gobierno estatal.

El Gobernador reconoció que la propuesta generará un debate nacional, pero insistió en que la protección de víctimas y testigos es necesaria para fortalecer los procesos penales y recuperar la confianza en la denuncia.