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MORELIA, Mich., 18 de agosto de 2026.- En marcha se encuentra la construcción de un diagnóstico sobre el cumplimiento de la contratación de personas con discapacidad por las empresas e instituciones, públicas y privadas, refirió Josué Alfonso Mejía Pineda, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
En entrevista realizada este martes, en la sede de la CEDH, Mejía Pineda expresó que la norma establece que las entidades públicas y privadas deben contratar a un mínimo del cinco por ciento de su personal, conformado por personas con alguna discapacidad.
La norma no solo prevé que las organizaciones cuenten con trabajadores con una discapacidad, sino que la incorporación sea transicional, al adoptarse las adecuaciones estructurales, en equipamiento, infraestructura y logística necesarias para que estos empleados puedan tener una labor integral.
Y es que los espacios laborales deben contar con rampas, guías podotáctiles y otros que posibiliten que las personas con discapacidad contratadas tengan lo necesario para el desempeño de sus funciones.
Actualmente no se dispone de cifras precisas sobre la población con una discapacidad que está trabajando en una actividad remunerada, como tampoco del nivel de cumplimiento de empresas e instituciones de la obligación de tener un mínimo del cinco por ciento de empleados con una discapacidad.
Josué Alfonso Mejía explicó que desde la CEDH se elabora un diagnóstico sobre la situación de empleo de personas con una discapacidad, así como del comportamiento de las organizaciones en esta materia.
Agregó que, para buscar motivar la contratación de personas con discapacidad en edad y disposición para laborar, se proyecta el lanzamiento de estímulos fiscales y apoyos gubernamentales para las empresas e instituciones que cumplan con la norma.
Acotó que, no obstante, la prioridad fue comenzar desde lo doméstico, por lo que aseguró que la CEDH por vez primera cumple con un cinco por ciento de su personal conformado por personas con discapacidad.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estimó en 2020 que en México solo el 1.3 por ciento de los trabajadores públicos y el 0.4 por ciento del personal de la iniciativa privada se constituían por personas con una discapacidad.




