Rescata FGE un ejemplar de mono araña en Los Reyes
MORELIA, Mich., 15 de octubre de 2026.- Michoacán acumuló 8 mil 60 personas desaparecidas, con corte a septiembre de este año, de un total histórico de 14 mil 440 registros. Al mismo tiempo, las denuncias por desaparición cometida por particulares mantienen una tendencia al alza, de acuerdo con las cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo a las cifras oficiales de la Comisión de Búsqueda de Personas de Michoacán, del total histórico de 14 mil 440 registros, 6 mil 380 correspondían a personas localizadas y 8 mil 60 permanecían desaparecidas o no localizadas.
Pero hay un tercer elemento del que nadie habla, de los desaparecidos que podrían estar bien, que se ausentaron de manera voluntaria, sin avisarles a sus familiares, que nunca dieron de baja su ficha de búsqueda y aquellos que fueron encontrados muertos y tampoco avisaron.

Alfredo Tapia Navarrete, comisionado de Búsqueda de Personas en Michoacán, reconoció que las instituciones deben revisar y homologar sus bases de datos para determinar cuántas personas han sido localizadas, cuántas continúan desaparecidas y qué registros corresponden a una misma persona.
“Tenemos que identificar y revisar los datos para determinar a qué personas corresponden. Es un trabajo multifactorial. No podemos sumar cifras sin verificar si se trata de las mismas personas o de registros distintos”, señaló.
Esto significa que 55.8 por ciento del registro histórico seguía sin una localización confirmada, mientras que 44.2 por ciento correspondía a personas localizadas. Por volumen de registros, Michoacán ocupaba el lugar 11 nacional, según los datos proporcionados por la Comisión.
Tapia Navarrete explicó que el trabajo de conciliación requiere revisar la información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), así como los datos de las fiscalías y las comisiones de búsqueda.
“Tenemos que homologar las cifras. Cada institución maneja información que debe revisarse y cruzarse para evitar duplicidades”, indicó.
La revisión busca establecer qué registros corresponden a personas distintas, cuáles cuentan con una localización confirmada y cuáles permanecen vigentes. Este proceso también resulta necesario para comparar las cifras estatales con los balances difundidos por el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación en su informe 2025-2026, debido a que pueden corresponder a periodos de corte y criterios de registro diferentes.
Mientras las autoridades revisan el saldo histórico de personas desaparecidas, los registros de la FGE por desaparición cometida por particulares muestran un incremento sostenido.
En 2021, la Fiscalía contabilizó 166 casos; en 2022, 310; en 2023, 571; en 2024, 840, y en 2025, mil 182.
La comparación entre 2021 y 2025 arroja un aumento del 612 por ciento.
De enero a septiembre de 2026, la dependencia registró mil 89 casos, equivalentes a 92.1 por ciento de los contabilizados durante todo 2025.
El promedio mensual pasó de 98.5 registros en 2025 a 121 durante los primeros nueve meses de 2026, un incremento de 22.8 por ciento.
Estos datos corresponden a registros de incidencia delictiva y no equivale necesariamente al número de personas que continúan desaparecidas. Una denuncia puede corresponder a una persona que posteriormente fue localizada, por lo que es necesario cruzar las carpetas de investigación con los registros de búsqueda y localización.
Al ser cuestionado sobre el comportamiento de las cifras, Tapia Navarrete señaló que es necesario revisar los periodos de comparación, los procedimientos de registro y las acciones de búsqueda realizadas.
El comisionado advirtió que cualquier interpretación debe partir de lo que mide cada indicador y de las condiciones en que se recopilaron los datos.
En el ámbito nacional, la Secretaría de Gobernación informó sobre la localización de más de 16 mil personas mediante la Estrategia Nacional de Búsqueda.
En otro balance, correspondiente al informe 2025-2026, la dependencia reportó 14 mil 494 localizaciones registradas por distintas autoridades, entre ellas la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones estatales y las fiscalías especializadas.
Las cantidades no deben sumarse ni compararse directamente sin conocer sus fechas de corte y metodologías. La información disponible tampoco permite establecer si corresponden a universos distintos o a actualizaciones de un mismo balance.
El comisionado distinguió entre localizar a una persona e identificar un cuerpo. La existencia de restos humanos o de un cuerpo bajo resguardo no confirma, por sí sola, que corresponda a alguien reportado como desaparecido.
“Debemos revisar los registros, realizar las pruebas científicas y confirmar si existe una denuncia de desaparición relacionada con cada persona”, expuso.
La identificación requiere análisis forenses y cruces de información que permitan establecer la identidad y notificar a los familiares.
Sobre las causas de las desapariciones, Tapia Navarrete sostuvo que cada caso debe analizarse conforme a sus circunstancias.
“Es un fenómeno multifactorial. Existen diferentes circunstancias y no podemos atribuir todos los casos a una sola causa”, afirmó.
Por ello, el aumento de los registros por desaparición cometida por particulares no permite atribuir automáticamente todos los casos a la delincuencia organizada ni establecer una causa común.
El objetivo de las instituciones, indicó, es localizar a las personas, confirmar identidades y dar respuesta a las familias mediante acciones de búsqueda, análisis forenses e intercambio de información.
Las cifras estatales muestran dos dimensiones del problema: un saldo histórico de 8 mil 60 personas que permanecían desaparecidas o no localizadas y mil 89 registros por desaparición cometida por particulares durante los primeros nueve meses de 2026.




