Reconocen valía de directrices para reintegración familiar de menores

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de octubre de 2017.- En México, la necesidad material de reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos lo evidencian los 33,118 menores de edad en alojamientos de asistencia social, según el informe del INEGI de 2015, y los 26,501 identificados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2016, de los cuales un mayor número sí cuentan con familia y los menos son personas expósitas, señaló el Presidente del Organismo Nacional, Luis Raúl González Pérez.

“En esencia –señaló— la reintegración familiar implica hace efectivo el derecho a la unidad familiar y fomentar el sentido de pertenencia, para la cual la labor conjunta de los tomadores de decisiones es determinante”.

Según un comunicado, el Ombudsman nacional puntualizó que la institucionalización de niñas, niños y adolescentes debe ser el último recurso del Estado para salvaguardar sus derechos. En todos los casos, en internamiento en centros, públicos y privados, debe ser temporal.

Ante ello, los procesos de regularización jurídica, cuando se requieran, deben ser lo más expeditos posibles para que a la brevedad sean reintegrados a sus familias de origen o ampliadas, en las que puedan vivir con amor, seguros, libres de violencia, con acceso a la educación, salud y bienestar integral que les permitan ejercer sus demás derechos.

Al asistir al Senado de la República, donde se realizó el lanzamiento de las Directrices para la Reintegración Familiar de Niñas, Niños y Adolescentes, que favorecen la orientación de procesos eficaces de reintegración familiar y constituyen una guía importante de lo que se debe hacer para garantizar el cuidado familiar y posibilitar el cumplimiento del derecho de la niñez y adolescencia a vivir con su familia.

En presencia de legisladores encabezados por la Senadora Martha Elena García Gómez, Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República; así como de representantes de dependencias y organismos nacionales e internacionales en la materia, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puso en relieve que se requiere una normativa clara que oriente sobre la reintegración familiar, así como reglamentar, homologar y armonizar las disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes con el resto de la normativa que integra el marco jurídico, y continuar con la elaboración de lineamientos y protocolos que orienten la actuación de los operadores administrativos y judiciales.

En su oportunidad, Martha Elena García Gómez, Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República, mencionó que estas directrices son una herramienta esencial para que las autoridades hagan que la reintegración de las niñas, niños y adolescentes sea segura, eficaz y especializada, y que permita que los menores de edad en contexto de violencia tengan la opción de ver restituidos sus derechos humanos, bajo una visión holística, además de ver el interés superior de la niñez como un principio básico y fundamental para abordar problemáticas como la violencia, discriminación, abuso, abandono y explotación.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, Secretaria de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; Carlos Manzo Gjumilich, Director General de Coordinación y Políticas Públicas de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; la Representante Adjunta de UNICEF en México, Pressia Arifin-Cabo; Martha Santos Pais, Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre la violencia contra los niños, e Isabel Crowley, Directora General de Fundación JUCONI, coincidieron en que dichas directrices establecen la importancia de que haya hogares sustitutos, pero debe ser un último recurso la posibilidad de que los niños puedan estar institucionalizados.

Destacaron que se trata de una herramienta para consolidar la asignatura pendiente en el tema de asistencia social y adopciones, y deben hacerse llegar a las Procuradurías de los estados, con el fin de que sean una base a la reintegración familiar, además de que son clave para apoyar a los profesionales a llevar a cabo el complejo proceso que representa la reintegración familiar, para que los menores de edad puedan vivir en una familia con entorno seguro. Ahora el reto, dijeron, será la aplicación y cambiar el paradigma del asistencialismo a una verdadera restitución de derechos humanos

Las Directrices sobre la reintegración de niños, niñas y adolescentes, las puede consultar en el siguiente vínculo:

https://www.familyforeverychild.org/wp-content/uploads/2016/08/Spanish_RG_v6_NNA.pdf