Realizan diagnóstico del marco jurídico actual para evitar corrupción

MORELIA, Mich., 22 de mayo 2017.- Como parte de la estrategia para el combate contra la corrupción, la Secretaría de Contraloría de Michoacán (Secoem), en coordinación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado, realiza un diagnóstico del marco jurídico actual, empatándolo con las necesidades presupuestales, operativas y de organización, para dar una correcta implementación del Sistema Anticorrupción Local, manifestó la titular del Órgano Estatal de Control, Silvia Estrada Esquivel.
Indica un comunicado de prensa que, con ello, dijo se refrenda el compromiso del gobernador Silvano Aureoles Conejo por trabajar en el eje rector de la transparencia y rendición de cuentas bajo el principio de Gobierno Abierto, promoviendo una cultura anticorrupción como medio de prevención, así como la profesionalización del servicio público y la inhibición y sanción administrativa de prácticas corruptas, además del fomento de la participación ciudadana.

En ese sentir, la contralora estatal informó que a fin de dar cumplimiento a la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, actualmente los legisladores locales se encuentran armonizando sus respectivos marcos normativos en las adecuaciones correspondientes de las 12 leyes secundarias que darán vida al Sistema Local Anticorrupción.

“Los 32 Sistemas Locales Anticorrupción necesitan una base sólida desde las constituciones de cada estado y tienen para su implementación hasta el 18 de julio próximo, de ahí que para el gobierno de Silvano Aureoles Conejo es de gran relevancia que Michoacán se posicione a la vanguardia de la lucha contra la corrupción y se sumen los ciudadanos a esta tarea”, subrayó.

Por tal, Estrada Esquivel externó que en la facultad del Órgano Estatal de Control de promover las reformas constitucionales y legales para conformar y operar el Sistema Estatal de Anticorrupción, éste fortalecerá el clima de legalidad en las inversiones que lleguen a nuestro estado, en consolidar condiciones de transparencia en el desarrollo de infraestructura y aplicación de programas sociales.

“Esta herramienta, además de fomentar la transparencia del quehacer público, da lugar al empoderamiento de la sociedad en la vigilancia de las instituciones de gobierno encargadas de combatir la corrupción, ya que se transparentará la información respecto a lo que se está haciendo con el dinero público, se castigará en caso de irregularidades y combatirá con mayor eficacia el soborno, la extorsión o el tráfico de influencias en el servicio público”, finalizó.