Realiza TEPJF reunión del MESECVI

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de octubre de 2016.- Los días 11, 12 y 13 de octubre del presente año, en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se llevó a cabo la Decimotercera Reunión del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém Do Pará (MESECVI). La magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanis Figueroa, participó en esta reunión en su calidad de experta titular del estado mexicano.

De acuerdo a un comunicado, el MESECVI fue creado en 2004 y constituye una metodología de evaluación multilateral y de cooperación técnica entre los Estados Partes de la Convención y su Comité de Expertas. Su objetivo es analizar los avances y desafíos en la implementación de la Convención, es decir, en la prevención y atención de la violencia en contra de las mujeres. Para su funcionamiento, el Mecanismo se integra por un Comité técnico de expertas independientes designadas por cada uno de los Estados partes.

La reunión inició con un día de diálogo entre organizaciones de la sociedad civil y las expertas, donde se escucharon las inquietudes y avances de diversos temas, sobre todo con relación al Informe Hemisférico sobre embarazo infantil.

En el segundo día de labores, a puerta cerrada, se presentó el informe de actividades del Comité de Expertas y su programa de trabajo para el 2017. Luego, se discutió la metodología para la Tercera Ronda de Evaluación de los informes que presentan los países sobre el cumplimiento de la Convención y se presentó el Proyecto de Informe Hemisférico sobre Embarazo Infantil.

El último día se presentó el Proyecto de Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres, por parte de la magistrada Alanis Figueroa; Diana González-Perrett, presidenta del Comité de Expertas del MESECVI, y Marta Martínez Gómez, especialista en género y democracia de la CIM. Es de destacar que en el proyecto se habla del deber de especial protección, entre otras, a mujeres indígenas y rurales.

En su participación, la Magistrada destacó que esta Ley Modelo plantea la obligación de adoptar protocolos; genera la obligación de presentar ante el órgano legislativo un informe anual del cumplimiento; establece la obligación de los partidos de destinar un porcentaje de su financiamiento público al fortalecimiento de liderazgos políticos de mujeres; plantea sanciones a integrantes de partidos que cometan violencia política, tales como: amonestación (pública o privada), suspensión temporal de la membresía del partido, multa y/o expulsión del partido; reconoce y enumera medidas de protección y, establece la obligación del órgano electoral administrativo de ratificar cualquier renuncia de una mujer candidata o en ejercicio de un cargo y de asegurarse de que no fue producto de un acto de violencia.

Finalmente, se congratuló que en el Proyecto esté reconocida la cooperación con la “jurisdicción indígena” y que se contemple que el proceso para dilucidar casos de violencia política de género debe ser sumario, atender a la naturaleza de los procesos electorales y contemplar medidas de reparación.