Proponen de 4 a 12 años de prisión por robo del patrimonio de Michoacán

MORELIA, Mich., 26 de junio de 2022.- Entre enero de 2017 y agosto de 2021 la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió mil 33 denuncias por robo en planteles educativos siendo la región Morelia la que reporta mayor incidencia de atracos, con 535 denuncias, que representan el 51.79% del total.

En muchos de esos robos, la sustracción de bienes muebles no solo incluyó equipos electrónicos o mobiliario, también sustrajeron tuberías, puertas, muebles de baño, ventanas y cableado eléctrico afectando con ello la operatividad de las escuelas, además de generar gastos de varios millones de pesos para reparar las afectaciones que por el ilícito sufren las mismas.

La estadística no especifica a qué niveles corresponden esas escuelas ni cuántas son públicas o privadas, pero muestra que hay robos que no solo se afectan una cosa, sino otros derechos esenciales de los ciudadanos, como es la educación, así como el patrimonio público, afirman los diputados de morena Julieta García y Juan Carlos Barragán.

Otro ejemplo, es el robo de una bomba que saque agua para varias colonias, la cual no se venderá en más de mil pesos como fierro viejo, pero el costo que tendrán que pagar los vecinos para dotar del vital líquido para sus necesidades cotidianas será de varios miles de pesos.

Lo mismo ocurre con los monumentos artísticos, el cableado eléctrico y el equipamiento urbano en las ciudades de la entidad están sufriendo el robo de estos, afectando así el patrimonio urbano y cultural de los municipios y el derecho de los habitantes de la entidad al disfrute de la ciudad y de su patrimonio cultural.

Tan solo en Morelia, entre abril y mayo de este 2022, alrededor de 15 monumentos fueron vandalizados y robados total o parcialmente, cuando una placa de bronce tiene un valor de entre los ocho mil hasta los 50 mil pesos dependiendo del tamaño y en una recicladora se compra el kilo en 65 pesos.

Es por eso que los diputados morenistas proponen tipificar el Robo calificado grave en contra del patrimonio del estado y los municipios, es cual se castigaría con una pena privativa de la libertad mínima de cuatro años hasta una máxima de 12 años y de 500 a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización de multa, además de la reparación del daño.

Si el robo afecta a escuelas, centros de salud, monumentos artísticos y culturales o los servicios públicos de los ayuntamientos como alumbrado público o la dotación de agua potable la pena aumentará hasta en una mitad.

Las penas se reducirán en un cuarto de la correspondiente al máximo del delito cometido, si se regresare todo lo sustraído sin daño alguno, de acuerdo con una iniciativa de ley que presentarán en la próxima sesión del pleno de la 75 Legislatura.