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MORELIA, Mich., 26 de mayo de 2026.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) abrió una investigación de oficio para determinar posibles violaciones a derechos humanos derivadas de la confrontación ocurrida en Casa Michoacán entre autoridades estatales, municipales y comuneros de Sevina, informó el presidente del organismo, Josué Mejía Pineda.
Entrevistado este martes tras participar en la convocatoria al Parlamento Juvenil 2026, a pregunta expresa, el ombudsperson michoacano confirmó que la indagatoria incluye la revisión de la actuación de corporaciones estatales y de posibles autoridades municipales involucradas en los hechos registrados el lunes, donde resultaron lesionados policías y habitantes de la comunidad indígena.
“Estamos determinando si hubo uso excesivo de la fuerza, si hubo falta de participación de las autoridades en esta interacción”, señaló.
Aunque evitó adelantar responsabilidades, Mejía Pineda reconoció que en la confrontación participaron autoridades estatales y posiblemente municipaled, por lo que la Comisión enviará requerimientos formales para esclarecer quiénes intervinieron y bajo qué circunstancias.
“Acordemos que también participa una autoridad municipal”, declaró, aunque posteriormente aclaró que aún no puede precisar qué funcionarios estuvieron involucrados debido a que varias personas no se identificaron durante los hechos.
La CEDH recaba actualmente testimonios e información oficial para determinar si existieron omisiones, abuso de fuerza o afectaciones a la integridad física de cualquiera de las partes involucradas.
“El bien jurídico tutelado es la integridad humana tanto de autoridades estatales como municipales o ciudadanos”, expresó.
Mejía Pineda sostuvo que la Comisión condena cualquier agresión contra ciudadanos y pueblos originarios y afirmó que personal del organismo acudió al lugar para auxiliar, documentar y dar seguimiento al conflicto.
La confrontación ocurrió este lunes luego de que comuneros de Sevina arribaran a Casa Michoacán, para exigir atención gubernamental en materia de seguridad. Los manifestantes retiraron protecciones metálicas del inmueble y se enfrentaron con elementos de la Agrupación de Restablecimiento del Orden Público utilizando piedras, palos, botellas y otros objetos.
En respuesta, las fuerzas de seguridad desplegaron gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a los manifestantes, entre quienes también había mujeres, adultos mayores y menores de edad.
El enfrentamiento se prolongó durante varios minutos hasta que ambas partes acordaron abrir una mesa de diálogo con autoridades estatales, en medio de las exigencias de la comunidad indígena por mayor seguridad en la región de Nahuatzen.




