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MORELIA, Mich., 17 de junio de 2026.- A tres años y medio de la desaparición y asesinato de Oliver Valle Cuadra, su madre, Elena Laura Valle Cuadra, acudió este miércoles al Congreso de Michoacán para solicitar el respaldo de los diputados y exigir que la Fiscalía General del Estado (FGE) dé celeridad a la investigación que, aseguró, permanece estancada pese a que la principal señalada ha sido ubicada incluso fuera del país.
Durante un encuentro con medios de comunicación, en la sede del Poder Legislativo, la madre de la víctima afirmó que su presencia en el Poder Legislativo busca presionar a las autoridades para que actúen en un caso que, dijo, ha estado marcado por omisiones y retrasos.
“Yo vengo a presionar al Congreso. Tres años y medio no es para que sigan sin hacer nada. No hay nada”, expresó.
Señaló que actualmente su principal preocupación es que la licencia temporal solicitada por el fiscal general Carlos Torres Piña provoque nuevos retrasos en el expediente.
“Si estando presentes no hacen nada, ahora ya no estando presentes van a decir que desconocen el caso”, manifestó.
La madre de Oliver recordó que recientemente sostuvo una reunión con el fiscal, quien únicamente le aseguró que tomaría cartas en el asunto, sin ofrecer avances concretos.
“Lo único que dijo fue que iba a tomar cartas en el asunto”, comentó. Valle Cuadra sostuvo que la principal señalada en el caso ha sido vista fuera de México y que esa información fue comunicada oportunamente a las autoridades ministeriales.
Indicó que incluso fue detenida por autoridades estadounidenses por motivos distintos al caso de Michoacán y que, de haberse realizado correctamente los trámites correspondientes, ya habría sido asegurada.
“Si hubieran hecho el trabajo como correspondía aquí en Fiscalía, esta persona ya estaría detenida desde Semana Santa”, afirmó.
Explicó que, segúm la información de que dispone la familia, la ficha roja internacional presentaba deficiencias, pues no incluía huellas dactilares ni fotografía, elementos que presuntamente fueron requeridos por las autoridades estadounidenses.
Además, cuestionó que la carpeta continúe manejándose bajo el delito de desaparición cuando, a su juicio, ya existen elementos suficientes para reclasificar el caso.
“La siguen manejando como desaparecida cuando ya debería de ser con todas las agravantes”, sostuvo.
La madre de Oliver también acusó que los padres de la principal señalada han actuado como cómplices y denunció que no fueron asegurados oportunamente los lugares donde presuntamente ocurrieron los hechos.
“Las cadenas de custodia donde se cometió el delito no fueron incautadas. Se borró toda la cadena donde lo mató y donde lo sepultó”, declaró.
Recordó además que el entonces fiscal Adrián López Solís informó públicamente que durante la localización de los restos de Oliver se encontraron otros restos humanos en el mismo sitio.
“Eso no lo dije yo, lo dijo el fiscal”, enfatizó. Con fotografías y pancartas con la imagen de su hijo, cuestionó que el predio relacionado con la investigación haya sido liberado pocos días después de los hallazgos, pese a tratarse de un caso de homicidio.
También denunció presuntas irregularidades en el manejo de la carpeta de investigación y aseguró que recibió una llamada telefónica de personal de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas para informarle que el expediente sería archivado y que diversas evidencias serían devueltas.
“Me hablaron para decirme que se iba a dar carpetazo al expediente de mi hijo y que las cosas que había como prueba se iban a devolver. Nunca me dijeron bajo qué argumento”, relató.
Añadió que la familia no ha tenido acceso pleno a la información del caso y acusó un trato desigual respecto de otras partes involucradas.
“Parece que la delincuente soy yo y la otra parte es la víctima”, reclamó.
Respecto a posibles acciones futuras, informó que la familia ya analiza acudir a instancias nacionales e internacionales ante la falta de resultados.
Asimismo, pidió que el caso reciba el mismo nivel de atención que otros asuntos de alto impacto relacionados con mujeres víctimas de violencia.
“La justicia no nada más debe ser para mujeres, también debe ser para hombres. Mi hijo también tiene derecho a que se haga justicia”, expresó.
Finalmente, Elena Laura Valle Cuadra confirmó que acudió al Congreso para solicitar que los diputados intervengan institucionalmente y den seguimiento al caso, particularmente ahora que el Legislativo deberá resolver la licencia solicitada por el fiscal general.
“Son los mismos diputados que le van a aprobar la licencia. Ojalá que quien se quede al frente realmente le dé la celeridad que merece este expediente”, concluyó.




