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MORELIA, Mich., 3 de marzo de 2026.- El Pleno del Congreso de Michoacán tiene previsto discutir este miércoles una iniciativa de reforma al Código Penal estatal para endurecer las penas por el delito de despojo, ampliar sus agravantes e incorporar la participación notarial dolosa como conducta sancionable.
La propuesta, impulsada desde el partido Verde, plantea modificar los artículos 226 y 227, y adicionar un 227 bis, con el objetivo de robustecer la definición del delito y aumentar las sanciones actualmente vigentes, que van de uno a cinco años de prisión y de cien a quinientos días multa.
De aprobarse, la pena base por despojo pasaría de tres a diez años de prisión y de trescientos a setecientos días multa. Además, se establecería que el delito tenga carácter permanente mientras subsista la ocupación o detentación del inmueble.
La iniciativa también amplía el catálogo de agravantes. Se prevé incrementar las penas hasta en una mitad cuando la víctima sea persona adulta mayor, menor de 18 años, persona con discapacidad, quien viva sola o pertenezca a un pueblo o comunidad indígena.
Asimismo, las sanciones podrían aumentar hasta en dos terceras partes cuando el despojo sea cometido por integrantes del entorno familiar o social de la víctima; por autores intelectuales o instigadores; por servidores públicos que participen dolosamente; o por quienes formalicen actos jurídicos con documentos falsos ante instancias registrales.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es incorporar como agravante la participación de personas titulares de notarías públicas o de quienes colaboren en ellas, cuando intervengan dolosa o negligentemente para facilitar, encubrir o consumar el despojo mediante el uso indebido de documentos, sellos o sistemas notariales.
Además, se plantea que cuando el despojo se cometa de manera reiterada o mediante una organización sistemática dedicada a apropiarse de inmuebles, la pena pueda alcanzar hasta 20 años de prisión.
En la exposición de motivos se advierte que el despojo ha mostrado una incidencia sostenida a nivel nacional y que sus efectos trascienden lo patrimonial, al impactar la estabilidad familiar, la vivienda y la seguridad jurídica de las personas.
El proyecto será sometido a consideración del Pleno en la sesión ordinaria programada para este miércoles, y con base en el procedimiento. será turnada a las comisiones legislativas que corresponda, para su análisis y posible aprobación en próximas sesiones.




