Piden evitar escándalo mediático en investigación por caso Manzo

MORELIA, Mich., 9 de octubre de 2026.- El abogado litigante y especialista en derecho penal Alex Chávez Roja consideró que la Fiscalía General del Estado (FGE) puede tomar entrevistas a funcionarios del Ayuntamiento de Uruapan en sus domicilios o lugares de trabajo, sin necesidad de notificarles y evitar el escándalo mediático.

“Todos tienen la obligación de acudir a entrevista a Fiscalía, pero no veo la relevancia del show mediático”, declaró. Añadió que la institución puede acudir directamente con las personas requeridas y tomarles declaración en privado.

El abogado también señaló que la obligación de comparecer no implica que todos los funcionarios deban ser entrevistados. A su juicio, la Fiscalía debe establecer la pertinencia de cada diligencia dentro de la investigación.

La declaración se dio tras la inasistencia de la secretaria del Bienestar de Uruapan, Rosa Alejandra Vargas Rauda, a una entrevista convocada por la Fiscalía, como parte de las indagatorias por el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde en funciones de ese municipio, asesinado el 1 de noviembre de 2025. 

La autoridad podría emitir un nuevo citatorio, de acuerdo con información difundida sobre el caso.

Sobre la solicitud de acceso a los teléfonos de Manzo, Chávez Roja sostuvo que la revisión de los equipos debe tener un propósito definido y contar con autorización judicial cuando implique el acceso a información privada. Mencionó que los dispositivos podrían aportar datos sobre ubicaciones, imágenes o mensajes relacionados con posibles amenazas.

“Si quieren ver el celular solo por verlo, porque no han hecho una justificación de pertinencia o relevancia en la teoría del caso, me parece una sinrazón; es un acto de molestia”, afirmó.

La Fiscalía ha señalado que busca revisar los teléfonos para identificar posibles amenazas o alertas previas al homicidio. Chávez Roja sostuvo que, hasta el momento, no se ha explicado públicamente cuál sería la relevancia de los equipos para la investigación.

El especialista distinguió entre la utilidad que la Fiscalía atribuye a los teléfonos y la justificación legal necesaria para acceder a su contenido. Consideró que la autoridad debe exponer ante un juez federal el motivo de la solicitud y el alcance de la revisión.