Personas con discapacidad intelectual, excluidas de su derecho a votar

MORELIA, Mich., 22 de septiembre de 2023.- Las personas con discapacidad, y de manera particular las personas con discapacidad intelectual en México, enfrentan discriminación desde el propio seno familiar y desde el aparato institucional para ejercer su voto.

Así lo expuso el magistrado Alejandro David Avante Juárez, al presentar su libro El derecho a voto de las personas con discapacidad intelectual, resultado de la investigación realizada para su tesis doctoral.

En la Universidad Latina de América, el magistrado, actualmente presidente de la Sala Regional Toluca, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, comentó que, en 25 años de experiencia en la materia electoral, ha identificado que la falta de condiciones para la plena inclusión de personas con discapacidad intelectual sigue siendo un pendiente.

Detalló que el libro hace una revisión de las estadísticas de personas con discapacidad a nivel global y en México, donde, a su parecer, la medición de apenas 6 por ciento no es creíble, pues él calcula que es mayor y que no se refleja debido a que, ya sea por ignorancia o temor a ser discriminadas, las personas no se autoadscriben como parte de este grupo de población.

“El punto central del libro, que la dignidad debe hacer que el proyecto de todas y todos quepa y sea desarrollado de manera igualitario, y creo que, en el caso de las personas con discapacidad, y más aún en el caso de las personas con discapacidad intelectual, tenemos ese reto ahí muy importante”, comentó Avante Juárez.

El libro recuerda que todavía recientemente en algunos ordenamientos de tratados internacionales se usaban algunas terminologías como “inválido”, “impedido”, que atentaban contra la dignidad, por lo que reconoce como un avance en la cultura la erradicación en estas expresiones.

El magistrado comentó que, de acuerdo a la ley actual, a la hora de votar un presidente de Mesa Directiva de casilla puede impedir el acceso a una persona que considere “privada de sus facultades mentales”, lo cual hizo notar que es cuestionable, pues es complejo de determinar, ya que no hay mecanismos legales para determinar quién es una persona “privada de sus facultades mentales”.

Avante Juárez señaló que en otros países hay casos de personas con discapacidad intelectual o síndrome de Down, que se han judicializado ante el reclamo de los ciudadanos a ejercer sus derechos político electorales, por lo que, aunque recalcó que en México ha habido avances importantes, todavía hay mucho por hacer cultural y jurídicamente.