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MORELIA, Mich., 9 de abril de 2026.- El Poder Judicial de Michoacán (PJM) dio a conocer que se revocó la suspensión del proceso a los 11 policías de Ecuandureo, por lo que deberán continuar enfrentando el proceso penal en su contra.
A través de un comunicado de prensa, detalló que una magistratura de Sala Unitaria Penal resolvió revocar la determinación que había concedido la suspensión condicional del proceso a los 11 imputados.
La autoridad judicial consideró fundada la oposición presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que ordenó la continuación del proceso penal en contra de los implicados. Asimismo, instruyó que se designe a un juez distinto para que, en un plazo de 48 horas, convoque a una audiencia para atender su situación jurídica y resuelva lo relativo a la imposición de medidas cautelares.
A su vez, el Poder Judicial informó que el Tribunal de Disciplina Judicial inició, de oficio, una investigación por la posible comisión de una falta administrativa por parte de la persona juzgadora que otorgó la salida alterna a los agentes municipales.
A través de la Comisión de Disciplina Judicial se solicitó a la Unidad de Investigación integrar el expediente correspondiente, la cual determinó la aplicación de una medida cautelar de suspensión del juez.
Cabe recordar que el pasado 24 de febrero, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron a 11 policías municipales de Ecuandureo, incluido el director de Seguridad Pública, por su presunta relación con actividades ilícitas y posesión de drogas.
Durante recorridos de vigilancia en la región de Zamora, agentes de la Guardia Civil detectaron a los uniformados cuando circulaban en dos patrullas sin insignias oficiales y con los rostros cubiertos. Tras realizarles una inspección, les aseguraron diversas dosis de una sustancia con características de la metanfetamina.
Ante esta situación, el 27 de febrero, el fiscal Carlos Torres Piña, informó que, al momento de su detención, los elementos portaban insignias vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Agregó que mantenían comunicación con integrantes del crimen organizado, según se desprendía de mensajes encontrados en sus teléfonos móviles donde se leía “pasaron dos verdes” o “pasaron dos pandas”, haciendo referencia a la presencia de patrullas, lo que es un presunto indicador de que se encontraban monitoreando la zona.
Además, se constató que los detenidos no contaban con el Certificado Único Policial ni con registro ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que no estaban legalmente facultados para portar armas.
Sin embargo, el 23 de marzo se dio a conocer que, tras un mes de estar en prisión preventiva, les fue concedida la suspensión condicional del proceso y fueron puestos en libertad el 18 de marzo.
La determinación fue reprobada en diversas ocasiones por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien llamó al Supremo Tribunal de Justicia a que revisara el caso debido a presuntos actos de corrupción.
Tras esto, el 27 de marzo la resolución del juez de oralidad penal fue apelada, lo que derivó en su revisión en segunda instancia y en la reciente determinación de la magistratura penal, que ordena la continuación del proceso conforme a derecho.




